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Extensión
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5 fojas
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Resumen
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Quizá los candidatos elegidos con la precaria asistencia a las urnas el domingo pasado, contribuirían a dar satisfacción a la mayoría.
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Tipo
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Borrador
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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Plaza pública
para la edición del 15 de novietnbre de 1995.
Consejeros
(sin) ciudadanos
,
Miguel Angel Granados Chapa
'.
Los votantes capitalinos se quedaron en sus casas y
rechazaron con su ausencia un proceso electoral
ininteligible, del que sólo entendían que no .satisface la
necesidad de un gobierno propio, elegido por ciu~adanos
maduros, a los que no es preciso llevar de la mano como
si fueran inválidos.Si bien es preciso recordar que hubo .
no una sino 16 y aun 365 ele<:.ciones (según se considere
el nútnero de delegaciones o el de áreas vecinales y
cargos en disputa), y que la participación en cada caso
resultó muy diferenciada, e] nivel más alto apenas llegó
al 32 por ciento, y el promedio oscila alrededor del
veinte por ciento. Es decir, de cada cinco votantes
posibles~ sólo uno acudió el domingo a las urnas.
¿Quiénes fueron esos votantes? Podemos suponer
que forman parte de a1guna de tres categorías. _La
prin1era está integrada por los interesados en el proceso
misn1o, sobre todo los propios <;andidatos y sus
allegados, así como los partidos que subrepticiamente
los apoyaron. En segundo lugar, qui~nes son o se tienen
a sí n1isrnos como votantes cautivos, como empleados
públicos deseosos de evitar la sanción social, que caería
sobre ellos al no poder mostrar el pulgar manchado de
tinta indeleble; o pensionistas daftados por la carestía,
sietnprc temerosos de incurrir en .alguna ·falla
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involuntaria que los prive de sus magros ingresos. La
tercera clase de · votantes se compone de los creyentes
más o rnenos candorosos en las posibilidades de la
democracia, los pacientes gradualistas que están seguros
de que algo es mejor que nada y apuestan al ejercicio de
cualquiera oportunidad que haga de verdad públicos los
asuntos públicos.
lJna primera causa de la deserción ciudadana el
donlingo pasado está en la naturaleza de los órganos de
cuya integración se trataba. Supongo que los capitalinos
quieren gobien1os locales propios, como Jos tienen (así
sea en la fonna) los habitantes de cualquier tnunicipio.
Se les ofreció en catnbio una shnulación de
ayuntan1iento, cuyos perfiles estaban tan desdibujados
que parecía sünplemente una rnaniobra para crear
empleos polfticos. Por eso tnuchas de las reacciones
públicas de los ausentes conciernen a lo que les parece
una indebida e inadtnisible duplicación de funciones:
¿No tenen1os ya --preguntan-... senadores, diputados,
asan1bleístas, por un lado; y por otro jefes de manzana, y
de colonos y de las juntas de vecinos?. Y es que, debido
a su reticencia de fondo y a su volubilidad, el gobierno
otnltió explicar el papel de los consejos delegacionales.
Quizá por rubor no lo hizo, porque (y esa es otra
causa del abstencionisn1o), el gobierno y su partido
can1biaron de rumbo en el curso del proceso de
det1nición de esos consejos. Habían ya admitido ante la
oposición que esos órganos fueran cogobernantes con
los delegados, una especie de cabildo municipal, y que
los partidos irnpulsaran las candidaturas respectivas.
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Pero consciente de su propia realidad, de que padecería
en la ciudad de México una derrota todavía más
estrepitosa que las sufridas en otras entidades, el PRI
faltó a su palabra. Achicó las funciones de los consejos
(y los hizo tan ineficaces como se verá cuando operen) y
desposeyó a los patiid<?S de la capacidad, que le es
inherente, de presentar candidaturas. Obligó de ese modo
a un doble fenómeno, a cual más equívoco. Por una
parte, ciudadanos independientes fueron lanzados a una
aventura, en que debieron sortear escollo tras escollo sin
contar con infraestructura ni experiencia. De alH que sus
posibilidades de propagandizar fueran mínimas y
produjeran el justificado reproche ciudadano, de que en
el n1cjor de los casos sólo conocieron el nombre de los
candidatos. Por otro lado, los partidos actuaron bajo
cuerda, o animaron movünientos vecinales ex profeso.
Pero se les notaba el disfraz, y eso probablemente irritó a
los votantes, que se sintieron engañados por partidos que
no osaban decir su nornbrc porque la ley lo impedía.
El carácter de esa ley quedó sujeto a impugnación y
ese percance lesionó también la credibilidad del proceso.
La Supretna Corte de Justicia de la Nación no entró al
fondo de una cuestión en extremo delicada, la relativa a
la constitucionalidad de la ley de participación
ciudadana. Pese a que se lo pidió la oposición capitalina
en pleno~ con argumentos hechos suyos por la
Procuraduría General de la República, el supremo
tribunal se escudó tras el talante pretendidamente
electoral del conflicto que se le planteaba, para eludirlo,
quedándose en la posición formal de que no es asunto
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suyo. Ignoró el argumento de que se trata de un conflicto .
legislativo, cuyo contenido es para estos efectos
irrelevante, pues ·no se ,Ridió a la Corte que arbitrara en
un litigio nacido de un · proceso electoral concreto y
especifico. Quizá actuó ese tribunal con prudencia, pues
echar abajo todo un andarniaje organizativo en vísperas
del 12 de noviembre, tal vez hubiera generado una
frustración semejante a la que la ciudad vive hoy. Y es
que el poder público, incluida la Corte, debe ~aminar en
ese terreno pedregoso en que se tropieza
inevitablemente, cualquiera que sea la vereda escogida.
¿Qué hacer ante la insatisfacción de la mayoría
ciudadana, la que rechazó la invitación a votar? El
ánirno de esa itnportante fracción de la sociedad
capitalina parece no haberse limitado a dejar que otros
hicieran, sino que es contrario a la integración y
· funcionarnientu de los nuevos órganos delegacionales.
Es imposible juridicarnente (.:ancclar la elección, porque
los cotnicios se resuelven mediante el procedimiento
sitnple de que álguien tenga más votos que otro, salvo
cuando se exige un nivel determinado, como sucede en
los casos de elecciones a dos vueltas. Pero quizá fuera
posible ünaginar una iniciativa política para evitar que el
prltner paso de los capitalinos hacia la configuración de
su propio gobierno sea un mal paso. ¿Habrfa en los
consejeros elegidos madurez suficiente para ad-x~rti( la
precaria base de su mandato? Si la hubiera, tal vez
renunciarían, por sab~rse consejeros sip. ciudadanps.
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Miércoles 15 de noviembre de 1995, REFORMA
PLAZA PúBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
Consejeros (sin) ciudadanos
Quizá los candidatos elegidos con la precaria
asistencia a las urnas el domingo pasado,
contribuirían a dar satisfacción a la mayoría
que desdeñó el acto electoral con su renuncia
a cargos que muy·pocos les confirieron.
Los voTANTES CAPITALINOS SE QUEDARON EN
sus casas y rechazaron con su ausencia un
proceso electoral ininteligible, del que sólo
entendían que no satisface la necesidad de
un gobierno propio, elegido por ciudadanos
maduros, a los que no es preciso llevar de la
mano como si fueran :inválidos. Si bien es
preciso recordar que hubo no una sino 16 y
aun 365 elecciones (según se considere el
número de delegaciones o el de áreas vecinales y cargos en disputa), y que la participación en cada caso resultó muy diferenciada, el nivel más alto apenas llegó al 32 por
ciento, y el promedio oscila alrededor del
veinte por ciento. Es decir, de cada cinco votantes posibles, sólo uno acudió el domingo
a las urnas.
¿Quiénes fueron esos votantes? Podeipos
suponer que forman parte de alguna de tres
categorías. La primera está integrada por
los interesados en el proceso mismo, sobre
todo los propios candidatos y sus allegados,
así como los partidos que subrepticiamente
los apoyaron. En segundo lugar, quienes son
o se tienen a sí mismos como votantes cautivos, como empleados públicos deseosos de
evitar la sanción social, que caería sobre
ellos al no poder mostrar el pulgar manchado de tinta indeleble; o pensionistas dañados por la carestía, siempre temerosos de incurrir en alguna falla involuntaria que los
prive de sus magros ingresos. La tercera clase de votantes se compone de los creyentes
más o menos candorosos en las posibilidades de la democracia, los pacientes gradualistas que están seguros de que algo es mejor que nada y apuestan al ejercicio de cualquiera oportunidad que haga de verdad
públicos los asuntos públicos.
Una primera causa de la deserción ciudadana el domingo pasado está en la naturaleza de los órganos de cuya integración se
trataba. Supongo que los capitalinos quieren gobiernos locales propios, como los tienen (así sea en la forma) los habitantes de
cualquier municipio. Se les ofreció en cambio una simulación de ayuntamiento, cuyos
perfiles estaban tan desdibujados que parecía sim lemente una maniobra para crear
empleos políticos. Por eso muchas de las
reacciones públicas de los ausentes conciernen a lo que les parece una indebida e
inadmisible duplicación de funciones: ¿No
tenemos ya -preguntan- senadores, diputados, asambleístas, por un lado; y por otro jefes de manzana, y de colonos y de las juntas de vecinos? Y es que, debido a su reticencia de fondo y a su volubilidad, el
gobierno omitió explicar el papel de los consejos delegacionales.
Quizá por rubor no lo hizo, porque (y esa
es otra causa del abstencionismo), el gobierno y su partido cambiaron de rumbo en el
curso del proceso de definición de esos consejos. Habían ya admitido ante la oposición
que esos órganos fueran cogobernantes con
los delegados, una especie de cabildo municipal, y que los partidos impulsaran las candidaturas respectivas. Pero consciente de su
propia realidad, de que padecería en la ciudad de México una derrota todavía más estrepitosa que las sufridas en otras entidades, el PRI faltó a su palabra. Achicó las funciones de los consejos (y los hizo tan
ineficaces como se verá cuando operen) y
desposeyó a los partidos de la capacidad,
que le es inherente, de presentar candidaturas. Obligó de ese modo a un doble fenómeno, a cual más equívoco. Por una parte,
ciudadanos independientes fueron lanzados
a una aventura, en que debieron sortear escollo tras escollo sin contar con infraestruc-
Por su reticencia de fondo
a la reforma, y la volubilidad
que le hizo mudar de opinión
en plena marcha, el gobierno
capitalino omitió explicar las
verdaderas funciones de los
consejos delegacionales
los hizo borrosos e indeseables.
tura ni experiencia. De allí que sus posibilidades de propagandizar fueran mínimas y
produjeran el justificado reproche ciudadano, de que en el mejor de los casos sólo conocieron el nombre de los candidatos. Por
otro lado, los partidos actuaron bajo cuerda, o animaron movimientos vecinales ex
profeso. Pero se les notaba el disfraz, y eso
probablemente irritó a los votantes, que se
sintieron engañados por partidos que no
osaban decir su nombre porque la ley lo impedía.
El carácter de esa ley quedó sujeto a impugnación y ese percance lesionó también
la credibilidad del proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no entró al fondo
de una cuestión en extremo delicada, la relativa a la constitucionalidad de la ley de
participación ciudadana. Pese a que se lo pidió la oposición capitalina en pleno, con argumentos hechos suyos por la Procuraduría
General de la República, el supremo tribunal se escudó tras el talante pretendidamente electoral del conflicto que se le planteaba,
para eludirlo, quedándose en la posición
formal de que no es asunto suyo. Ignoró el
argumento de que se trata de un conflicto legislativo, cuyo contenido es para estos efectos irrelevante, pues no se pidió a la Corte
que arbitrara en un litigio nacido de un proceso electoral concreto y específico. Quizá
actuó ese tribunal con prudenéia, pues
echar abajo todo un andamiaje organizativo en vísperas del12 de noviembre, tal vez
hubiera generado una frustración semejante a la que la ciudad vive hoy. Y es que el poder público, incluida la Corte, debe caminar
en ese terreno pedregoso en que se tropieza inevitablemente, cualquiera que sea la
vereda escogida.
¿Qué hacer ante la insatisfacción de la
, mayoría ciudadana, la que rechazó la invitación a votar? El ánimo de esa importante
fracción de la sociedad capitalina parece no
haberse limitado a dejar que otros hicieran,
sino que es contrario a la integración y funcionamiento de los nuevos órganos delegacionales. Es imposible jurídicamente cancelar la elección, porque los comicios se resuelven mediante el procedimiento simple
de que alguien tenga más votos que otro, salvo cuando se exige un nivel determinado, como sucede en los casos de elecciones a dos
vueltas. Pero quizá fuera posible imaginar
una iniciativa política para evitar que el primer paso de los capitalinos hacia la configuración de su propio gobierno sea un mal paso. ¿Habría en los consejeros elegidos madurez suficiente para advertir la precaria
base de su mandato? Si la hubiera, tal vez
renunciarían, por saberse consejeros sin
ciudadanos.
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Persona o institución mencionada
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Consejeros (sin) ciudadanos
