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Extensión
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Resumen
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Al dato político, el presidente López Portillo agregó un factor de gran emoción cuando anunció la amnistía el primero de septiembre pasado. Así, el aviso no se quedó en el sólo cuadro de la composición de fuerzas en el país, sino que se enmarcó en un propósito de concordia, humana y cálida..
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Tipo
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Escrito
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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EL MOMENTO ESTELAR. LA AMNISTIA LLEGO A LO
MAS SENSIBLE DEL PUEBLO AL ABORDAR UN TEMA
QUE NOS PREOCUPA.
Al dato político, el presidente López P9rtillo agregó un factor de
gran emoción cuando anunció la amnistía el primero de septiembre
pasado. Así, el aviso no se quedó en el sólo cuadro de la composición
de fuerzas en el país, sino que se enmarcó en un propósito de
concordia, humana y cálida.
Ese fue , sin duda, el momento estelar del discurso de
ianuguración de sesiones del Congreso. Cuidada la retórica, ese
mensaje principal se produjo cuando casi concluía la lectura del texto,
para subyugar su importancia, ya abultada de suyo, por la
trascendencia misma del asunto, y por el marco trágico que le había
querido imponer el terrorismo que esta vez, si bien cobró una víctima
valiosa, se frustró en sus propósitos de intimidación y de inducción a
la dureza.
Los términos de la amnistía anunciada no han dejado por
completo satisfechos a todos quienes la esperaben y que en un
reclamo nacional que no podía dejar de oírse, la habían demandado
conforme a sus derechos ciudadanos. El perdón y el olvido político
afectará para bien sólo a quienes no hayan cometido delitos contra la
vida y la integridad corporales, lo cual limita grandemente el número
de sus beneficiarios. Pero es probable que en la hechura de la ley se
encuentran fórmulas que permitan sin caracter general y encontrando
por ello menores resistencias, que los procuradores de la República y
de los estados, pongan en práctica mecanismvs jurídicos para que
también queden libres los autores de esa clase de delitos.
La amnistía no fue, con todo, la única porción del informe que
satisfizo a los partidos políticos de la izquierda. La semana pasada, tres
de ellos, que estan recorriendo ya el camino que les conduzca a la
unidad, si no orgánica sí de acciones emitieron un comunicado en que
hicieron el balance del tono general del informe. En esa declaración, el
Partido Comunista de México, el Partido del Pueblo Mexicano y el
Partido Socialista de los Trabajadores repararon en el tono conciliador
del documento presidencial, manifestado en el rechazo del presidente
a la violencia como a la forma de solución a los conflictos.
La reforma política, en efecto, avanzará de mejor forma en un
clima de cordialidad como el que ha querido instaurar el presidente.
En efecto, no puede desvincularse la amnistía del proyecto político
general del presente gobiernom, cuya esencia radica en dar
participación a las minorías en las decisiones comunes. Con razón
pudo decir el presidente, en el párrafo improvisado con que coronó el
anunció de amnistía, que se proponía iniciar la ley respectiva para que
el país "tenga el derecho a estrenar tiempos vírgenes".
He allí un noble, hermoso, enaltecedor propósito. Así se ha
construido la historia del hombre: imaginando los días por venir y
afanándose la humanidad por modelarnos conforme a sus valores y a
sus necesidades. Porque el hombre no es sujeto inerte de la historia,
sino que contribuye a fabricarla, sin que ningún condicionante pueda
imponersele de manera inexorable y eterna.
Por eso es fácil encontrar una falta e correspondencia, en el
informe del presidente, entre la expresión de su confianza en la
inauguración de esos "tiempos vírgenes" en el ámbito de la
convivencia política,
y su declaración inmovilista en materia
económica.
En cuatro párrafos fundamentales de su discurso el presidente
formuló su tesis sobre el cambio social y la organización de la
comunidad mexicana:
"Nuestro ámbito de acción -se lee en el capítulo de "Política
Economica y Finanzas del segundo informe-está delimitado por tres
factores que no pueden alterarse, so pena de desencadenar reacciones
muy negativas y de magnitud insospechada.
"Por cuestiones históricas y geográfica vivimos en una economía
de mercado.
"N os rige un sistema legal que garantiza, tanto derechos
individuales incluida la propiedad privada, como sociales.
"Y la libertad cambiaria es una constante forzosa de nuestra
condición".
Como descripción de la realidad, la afirmación presidencial es
acertada. Pero esa realidad esta inscrita en la historia y está, por lo
tanto, sujeta a cambios.
Muchas de esas mutaciones, realizadas cotidianamente, no
desencadenan reacciones negativas y de magnitud insospechada.
Otras si lo hacen, pero es un Estado fuerte como el mexicano tiene la
aptitud y la legitimidad social necesarias para regular el confleicto. Si
renuncia a esa facultad, si reconoce la situación descrita como
inmodificable, se convierte en mero espectador del proceso social, se
hace agente pasivo de las transformaciones de la sociedad, en vez de
constituirse en uno de sus factores de dirección.
Martín Luis Guzmán escrbió que "todo presente que a si mismo
se declaró único y último en el curso de la historia vino siempre a ser
negado por la historia misma". Nuestra economía de mercado, nuestra
propiedad privada, nuestra libertad cambiaria, que forman parte de
nuestro presente, no necesariamente formarán parte de nuestro
mañana, pues la historia se encargará de negarlo.
Hubo tiempos en que no rigieron aquí esos factores. Tiempos
habrá en que ya no regirán.
Ni una sola de las grandes decisiones que a lo largo de casi dos
siglos han configurado el rostro de esta nación, partió de admitir como
irrevocable el designio histórico y geográfico en que estamos insertos.
Examinada la cuestión que sólo helada lógica, Hidalgo habría tenido
que convenir en que el puñado de campesinos armados con viejos
arcabuces, bielgos y palos, nada tenía que hacer frente a la bien
pertrechada tropa de la corona española, y hubiera tenido que
abstenerse de iniciar la rebelión de independencia. ¿Pueden
imaginarse reacciones más negativas y de mayor magnitud que las
provocadas por Juárez cuando desafió a la iglesia y a las potencias,
para finalmente vencerlas?
A su turno, el latifundismo y la dictadura porfirista cosntituian, al
principio de este siglo, factores que no hubieran podido alterarse, sin
graves sacudimientos. Finalmente, la expropiación petrolera, ¿no fue
una decisión modificatoria de la realidad que de hecho causó vivas
hostilidades a nuestro país y pudo haberlas provocado mayores?
Por supuesto no pedimos para mañana al mediodía la
transformación de la economía de mercado en una centralmente
planificada, ni la abolición de la propiedad, ni el establecimiento del
control de cambios.
Lo que pensamos necesario al menos, es no negar la mutabilidad
de la sociedad mexicana y que el Estado se rehusa a ejercer la
capacidad de dirección social que le esta confiada. El pasmo, la
parálisis histórica sólo es deseada por quienes reciben, hoy, privilegios
y beneficios que querrían eternizar , en un vano afán de congelar la
indetenible marcha de la historia.
No sólo, pues, en el ámbito de la política, si no también en el
campo de las relaciones sociales vinculadas con la economía tenemos
derecho a vivir tiempos vírgenes. (Siempre! No. 1317 sep 20- 1978).
- Ampliar la amnistía es una tarea que el Congreso debe
echarse encima. Un puente a la concordia.
El aliento conciliatorio del anuncio de la Ley de Amnistía se
congeló el traducirse a la fría forma de la iniciativa enviada a la cámara
de Diputados.
En el segundo informe presidencial parecía clara una sola
limitación en cuanto a los delitos cuya comisión se declaraba
dispuesto a olvidar el Estado mexicano. La amnistía no comprendería,
crei'mos entender muchos, sólo a quienes hubieran cometido delitos
contra la vida y contra la integridad corpor
La iniciativa de ley,
presentada al Congreso el 15 de septiembre, fue más restrictiva.
También excluye de los beneficios del olvido político a quienes
cometieron actos de terrorismo y secuestros.
Técnicamente, los delitos contra la vida y la integridad corporal
son, para el efecto que nos interesa, sólo el homicidio, las lesiones, el
disparo de arma de fuego y el ataque peligroso. El terrorismo y el
secuestro constan en capítulos diversos del código penal. Aquel es un
delito contra la seguridad de la nación; éste es una forma de privación
ilegal de la libertad.
Uno entiende facilmente que el gobierno federal hubiera decidido
no perdonar a quienes privaron de la vida a una persona, a veces con
saña imperdonable. Nada tan irreparable como la pérdida de la
existencia. Nada tan sublevante para los deudos como el ver salir a la
calle a los homicidas de un ser querido. Por eso, no obstante que el
reclamo del comité nacional prodefensa de presos, perseguidos,
desaparecidos y exiliados políticos demandaba la amnistía general,
parecía admisible la .restricción anticipada por el presidente de la
República en su segundo informe.
En cambio, no parece haber justificación para las nuevas
limitaciones previstas en el artículo primero del proyecto de ley. Nos
parece encontrar una patente contradicción entre el criterio general
que promueve la presentación de la iniciativa, y aun algunos de sus
considerandos, con ese artículo primero. Así, por ejemplo, el
considerando segundo del proyecto establece el móvil político como
rasgo diferenciador de las conductas sancionadas por la ley penal a las
que quiere referirse la amnistía.
El terrorismo, figura delictiva de reciente aparición en nuestros
códigos (fue creado por la reforma publicada el 29 de julio de 1970,
para contrapesar la supresión del delito de disolución social) se
somete siempre, por su propia naturaleza, con afanes políticos. No en
balde está incluido en el título primero del código penal denominado
"Delitos contra la seguridad de la nación".
El terrorismo, si bien supone la destrucción de bienes ajenos, no
se agota allí, como ocurre con el delito de daño a la propiedad, sino
que requiere la intención de que los actos corrrespondientes
"produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o
sector de ella" lo cual, salvo casos de locura, es siempre un fin
político, como también lo es, de manera inequívoca, el que tales actos
sirvan "para perturbar la paz pública, o tratar de menoscabar la
autoridad del Esatdo, o presionar a la autoridad para que tome una
determinación".
Desde cierto punto de vista, el terrorismo no es un delito político,
puesto que el artículo 144 del código define con ese caracter sólo a los
de rebelión, sedición, motín y el de conspiración para cometerlos.
Igualmente es cierto que la doctrina y el derecho internacional
excluyen el terrorismo de esa clasificación. Así, por ejemplo, ya desde
1935 la conferencia para la unificación del derecho penal, efectuada
eb Copenhague acordó explicitamente no considerar delitos políticos
"los que creen un peligro para la comunidad o un estado de terror". A
su turno, en junio de 1970 la conferencia de la OEA resolvió que los
"pretextos políticos o ideológicos utilizados (para efectuar actos de
terrorismo) no atenúan en modo alguno su crueldad e irracionalidad ni
el caracter innoble de los medios empleados, como tampoco hacen
desaparecer su calidad de actos violatorios de los derechos humanos
esenciales".
Y, por último la "convención para prevenir y sancionar los actos
de terrorismo configurados en delitos contra las personas y extorsión
conexa cuando estos tengan trascendencia internacional" considera
"delitos comunes de trascendencia internacional cualquiera que sea su
móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la
integridad de las personas ... así como la extorsión conexa con estos
delitos".
Todo eso es cierto. Pero muy claramente el gobierno federal había
optado por la apreciación objetiva-subjetiva del delito. El penalista
Masari escribió en 1927 que "el delito es político o por la naturaleza
que lesiona o por el fin que mueve al agente a delinquir" y todavía
agrega que "precisamente el fin suministra un criterio subsidiario en el
caso en que el hecho pueda configurar también la hipótesis de un
delito común". Ya el presidente de la República en el informe, aludió a
las motivaciones de los mexicanos a los que se busca beneficiar con la
ley de amnistía y el ya citado considerando segundo del proyecto lo
refiere "a quienes formando parte de grupos de disidencia radical, y
con evidentes móviles políticos, han incurrido en conductas
sancionadas por la ley penal".
En ese tenor, aún el homicidio puede ser un delito político. Pero
convengamos en que a quienes privan de la vida a una persona no se
les remita la pena. Pero no admitamos otras limitaciones.
Corresponde a los diputados y senadores el papel de ampliar los
términos de la amnistía propuesta por el Ejecutivo. Sería saludable
que lo hicieran no sólo para hacer realidad el propósito de "ampliar
las posibilidades de una mayor participación constitucional de las
diversas corrientes ideológicas ·en las decisiones nacionales" y
también para hacer realidad la previsión de que aplicarla será de
utilidad, como se expresa en la iniciativa. Sería también muy saludable
para que el Congreso compartiera con el presidente de la República la
responsabilidad de abrir el camino de la concordia.
Seguramente no ha sido fácil para el Ejecutivo decidirse a
presentar este proyecto de Ley. Seguramente en el interior mismo de
su gobierno, en los grupos económicos que lo condicionan, en los
ámbitos del poder internacional en el que estamos insertos, en todas
estas instancias se habrán elevado voces contrarias a la amnistía. Estas
circunstancias y la propia visión de que el presidente de la República
tenga el problema, han conducido a esta iniciativa, menos amplia de lo
que el anuncio que la precedió permitía esperar. Pero el poder
Legislativo está llamado a cogobernar con el Ejecutivo, a compartir
con él la responsabilidad política, a enfrentar conjuntamente los
riesgos de una decisión de esta naturaleza, a contribuir a que se
diluyan las presiones que puedan ejercerse sobre el presidente.
Reputados autores en derecho penal (Merkel, Manzini, Montes,
Cuello Calón) estiman que actos como el indulto o la amnistía aspiran
a realizar, entre otros, el propósito de "suavizar los rigores que
resulten de la aplicación de las leyes en extremo severas". Tanto el
terrorismo como el secuestro se castigan hasta con cuarenta años de
prisión, que es la pena más alta establecida en nuestros códigos.
No podemos, ni queremos minimizar la peligrosidad social de
esos delitos. Cometer uno u otro supone una profunda irracionalidad,
un desdén gravísimo para la vida en sociedad, una frustrante pérdida
de la esperanza en las posibilidades de la convivencia. Pero excluir de
la amnistía a quienes cometieron esos delitos hace muy angosta la vía
de conciliación que quiso abrir el gobierno federal. En esta hora de
debate legislativo, toca al Congreso una tarea de sabia ingeniería
política, la de ensanchar ese camino. (Siempre! No. 1318 sep. 271978)
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Materia
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López Portillo.
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Merkel.
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Manzini.
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Montes.
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Cuello Calón
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Persona o institución mencionada
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El momento estelar. La admnistía llego a lo mas sensible del pueblo al abordar un tema que nos preocupa
