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Extensión
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2 fojas
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Resumen
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Jaume Ferrús se muestra satisfecho tras la decisión de la Comisión Europea.
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Rafael Arias-Salgado sostiene que cumple con la ley digital.
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La Comisión Europea decidió abrir un procedimiento de infracción contra España.
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Tipo
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Artículo periodístico
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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36 1 SOCIEDAD
EL PAÍS, viernes 27 de junio de 1997
~~~~~- TROPIUOAUDW~SUALDELGOBIERNO.~~~~~~~~~~~~~~~
Jaume Ferrús: "Hacer
favores a los amigos no
prospera en Bruselas"
EL PAÍS, Madrid
El director general de Canal
Satélite Digital (CSD), Jaume
Ferrús, expresó su "satisfacción" por la decisión de la Comisión Europea, "lo que confirma la confianza que tenemos
en las instituciones europeas y
la Constitución española". Ferrús apuntó que la decisión de
Bruselas ha confirmado "todas
las sospechas" que tenía Canal
Satélite Digital desde que se
promulgó el decreto-ley el pasado 31 de enero.
Para el director del único
operador digital presente en el
mercado, "la ley está hecha a
medida de unos intereses muy
particulares, a favor de una
empresa constituida por los
propios amigos del Gobierno,
y hacer favores a los amigos no
puede prosperar, ni en Europa
ni ante la Constitución".
Ferrús subrayó que la decisión de la UE es un primer
paso -"casi decisivo"- para
"desbloquear ciertas incertidumbres" sobre Canal Satélite
Digital. "Se quita el tapón comercial que se había impuesto
a nuestro proyecto, porque se
ha contaminado tanto que incluso se ha querido hacer cómplice de oscuros intereses a todos los ciudadanos que querían
instalar un descodificador en
su casa", apostilló el director
general de Canal Satélite. Este
operador confía en alcanzar
este fin de semana los 60.000
suscriptores y aún tiene en lista
de espera cerca de otros 30.000.
"Nuestra intención es hablar
de nuestro producto, no de
descodificadores", agregó
Ferrús.
Por su parte, Pedro Pérez,
presidente de Vía Digital, la
plataforma auspiciada por el
Gobierno del PP e impulsada
por Telefónica, se limitó a manifestar: "Tenemos el convencimiento de que la Comisión
Europea paralizará el expediente al recibir la información
completa pedida [al Gobierno]
y al apostar por la defensa de
los intereses de los ciudadanos
europeos, prevaleciendo éstos
sobre los intereses de cualquier
fabricante uu operador de este
mercado".
Información
Para el primer ejecutivo de
Vía Digital, la Comisión Europea ha manejado una información "claramente incompleta y parcial", por lo que
cuando reciba todos los datos
del caso aceptará que no es
necesario acudir a los tribunales europeos contra la norma diseñada por el Gobierno.
Pedro Pérez insistió en la
bondad de la ley y en este sentido añadió que "si la Comisión Europea, como es su
obligación, defiende los intereses de los ciudadanos europeos por encima de los intereses de grupos empresariales
de cualquier tipo, sin ninguna
duda entenderá que la ley española defiende con total intensidad los intereses de los
ciudadanos, españoles en este
caso".
Para el presidente de Vía
Digital, la ley de televisión digital diseñada por el Gobierno de José María Aznar es
"plenamente coherente".
XA VlER VIDAL-FOLCH, Bruselas
Esto es el contenido sustancial de la carta
de emplazamiento al Gobierno español
que ha sido redactada por los servicios de
la Comisión Europea y al que ayer se dio
el último retoque en Bruselas antes de enviarlo a su destinatario.
La ley empeora el decreto-ley. La carta relata que la Comisión consideró desde el
principio que el real decreto-ley de 31 de
enero pasado presentaba "índices de incompatibilidad con el derecho comunitario". Las cartas del comisario Martín
Bangemann al ministro Arias-Salgado,
así como la reunión entre funcionarios esañoles y comunitarios celebrada el 14 de
marzo, pretendían "la rápida modificación de las disposiciones en cuestión" mediante su rectificación parlamentaria.
Por el contrario, la nueva ley introduce
disposiciones que, según la Comisión, "reuerzan y agravan Jos obstáculos que estaban ya presentes en el real decreto-ley y
constituyen nuevas infracciones al derecho comunitario". Tales ilegalidades le
fueron indicadas tanto al ministro del
ramo [Rafael Arias-Salgado] como al presidente del Gobierno español, José María
Aznar, sin que rea~cionasen.
La ley viola el Derecho comunitario. Los obstáculos no sólo se han agravado, sino que
algunos de ellos, "por su propia naturaleza, exigen una reacción inmediata de la
Comisión", tanto más cuanto que ha sido
Imposible un acuerdo entre los operadores españoles, que hubiera neutralizado en
parte los efectos negativos de la ley.
Esos obstáculos, "especialmente la limitación de las configuraciones técnicas
posibles y la elección favorable a la confi-
El Gobierno Aznar se da de bruces
contra la Comisión Europea
El PP sostuvo durante meses que se cumplía la norma comunitaria
EL PAÍS, Madrid
La batalla del PP en pro de la ley
digital ha sido protagonizada por
el ministro de Fomento, Rafael
Arias-Salgado. Pero no es el único: el propio jefe del Gobierno,
José María Aznar, se ha implicado públicamente en la defensa de
la ley, con el argumento de que es
el mejor modo de evitar que las casas de los españoles se llenen de
descodificadores. He aquí un breve resumen de las principales afirmaciones realizadas desde el Gobierno en defensa de una norma
que se ha dado de bruces contra la
Comisión Europea:
13.2.97..,.. Arias Salgado afirma en el
Congreso que las motivaciones
para promulgar con urgencia un
decreto-ley sobre el uso de los descodificadores de televisión son las
de "defender a los consumidores y
favorecer la libre competencia". Y
asegura que ese decreto se ajusta
"literalmente" a las exigencias de
la legislación comunitaria: "No
añade ni una mínima prescripción
nueva", afirma.
9.4.97 ..,.. Arias Salgado responde a
las primeras dudas planteadas por
la Comisión Europea: "Lo que se
persigue es un acuerdo sobre el sistema compatible( ... ). La falta de
acuerdo sólo determina que la tecnología que habrá de utilizarse es
la que es automáticamente compatible [ multicrypt]. Con ello se
garantiza claramente que todos
los operadores podrán tener acceso al mercado, con una tecnología
tal que permita la compatibilidad
entre los aparatos que empleen.
Ello, lejos de contradecir la normativa comunitaria es un fiel reflejo de ésta".
18.4.97 ..,.. José Maria Aznar justifica
la ley de TV digital con el argumento de que es un elemento de
defensa de los consumidores. Y
compara la necesidad de un descodificador único con una serie de
ejemplos: "¿Se imaginan tener que
cambiar de aparato de televisión
para cambiar el canal de televisión? ¿Se imaginan cambiar el
aparato de vídeo cada vez que
cambia la película de vídeo?" Y
añade: "Un ciudadano puede tener el derecho de cambiar de plataforma digital sin cambiar el aparato por el que llega la oferta televisiva".
6.5.97 ..,.. Arias Salgado considera
17.4.97 ..,.. Ana Mato (PP), en el
debate de aprobación de la ley
de televisión digital: "No nos
negamos en absoluto a que un
acuerdo de mercado prevalezca
a la hora de establecer el sistema simulcrypt". ( ... ) "Hemos
querido, sin embargo, dejar
bien claro que de no establecerse ese acuerdo entre los grupos
empresariales, hay que preservar el interés de los posibles y
futuros televidentes con un sistema único, el sistema universal, que permite automáticamente la compatibilidad". ( ...)
"A eso, señorías, le llamo yo
competencia y pluralismo en
cuanto a televisión". ( ... )
"Nuestra opción es abierta; la
de otros parece que es un poco
más cerrada".( ... ) Cualquier televidente debe poder ver todo
( ... )lo que se ofrezca en el mercado a través de un solo aparato descodificador".
El Ejecutivo fue advertido
de las ilegalidades que. iba,
a cometer y no reacciono
La norma española de televisión digital
"abre el camino a una situación
de monopolio", según la carta de emplazamiento
guración multicrypt, constituyen infracciones al derecho comunitario", tanto a
sus principios fundamentales -libertad
de circulación de mercancías y servicios,
consagradas en los artículos 30 y 59 del
Tratado-, como a la obligación de notificación de acuerdo con lo previsto en la directiva 83/189 (sobre normas técnicas),
pasando por otras violaciones de normas
(incorrecta trasposición de la directiva
95/47, sobre señales de televisión).
Los descodificadores son mercancías que deben circular libremente. "Los descodificadores y otros equipos necesarios para la
transmisión, recepción y visualización de
programas de televisión, digital o analógica, de acceso condicional o no, son mercancías", por lo que las exigencias de las
leyes nacionales que versen sobre ellos se
aplican también a los descodificadores
producidos en otro país de la Unión.
El artículo 30 del Tratado declara "pro-
hibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así
como todas las medidas de efecto equivalente". La Comisión considera ilegales la
obligación de certificados previos y el favoritismo hacia el sistema multicrypt.
La imposición del 'multicrypt' viola la libertad
de circulación de mercancías. El blanco de
las principales críticas formuladas por la
Comisión es el artículo 7 de la ley digital
española, que hace depender la viabilidad
legal del simulcrypt (el sistema utilizado
por Canal Satélite Digital) de un "previo
acuerdo" con los otros operadores en un
plazo muy corto, en ausencia del cual se
hará obligatorio el multicrypt (escogido
por la plataforma auspiciada por el Gobierno).
Bruselas se pregunta por qué el plazo
es tan "perentorio" (acaba el 7 de julio,
aunque Arias-Salgado ha dicho recientemente a la Comisión que en realidad fina-
que la Comisión Europea comete
"un atentado contra el Tratado de
Roma" defendiendo el sistema de
descodificadores simulcrypt frente
a la opción preferida por el Gobierno, el multicrypt. "Es impensable que la Comisión Europea
quiera imponer a España un descodificador cerrado", dijo el ministro refiriéndose al simulcrypt,
un sistema de descodificación
para el que están preparados cerca
de 500.000 descodificadores ya
instalados en hogares europeos.
12.6.97..,.. Arias Salgado afirma que
la Comisión Europea no puede
imponer a España un descodificadoc. El ministro asegura que el
descodificador de televisión denominado simulcrypt ha creado
"mercados cautivos y cerrados"
en aquellos países ~uropeos en los
que se ha implantado. Ataca al comisario Bangemann por defender
el carácter abierto del descodificador simulcrypt: "Eso no está avalado técnicamente por ningún organismo europeo".
liza el6 de agosto) y por qué un descodificador podría ser "expulsado" del mercado. El texto compara la ley española con
la directiva euroJ>ea que teóricamente pretende trasponer (incorporar) al ordenamiento nacional y constata que, "contrariamente" a la ley española, la norma europea no sólo " no pretende imponer una
configuración técnica particular para los
sistemas de acceso condicional", sino que
ni siquiera deja hueco al legislador nacional para que imponga un sistema "por encima del otro".
Si la Comisión hubiera deseado "imponer dos únicos métodos", o bien "descartar" uno, o bien "favorecer" al otro, habría dictado una norma clara, "de manera
inequívoca, en la medida en que tal solución implicaría la prohibición de usar
equipos y sistemas que, actualmente, se
fabrican y acceden al mercado, a gran escala, en varios Estados miembros".
La carta recuerda que el comisario de
la Competencia, Karel Van Miert, ya dictaminó que la directiva "no preconiza la
utilización de ningún interfaz común",
contra lo que pretende la ley Aznar. En
consecuencia, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, "limitar" los sistemas utilizables y dar "preferencia" al gubernativo, constituyen medidas de efecto equivalente a las restricciones prohibidas por el Tratado.
La ley española abre el camino a una "situación de monopolio". Si el Gobierno español
ha justificado su ley en la defensa de la
competencia, la Comisión le recuerda
que, en ese ámbito, el ordenamiento comunitario ya dispone de "mecanismos
apropiados" para evitar posiciones dominantes, como la directiva ue la ley esP.a-
PIEZO AUDIOVISUAL DEL GOBIERNO. La
~'""''"~'"'u"•vu Europea abrió ayer un procedimiento
España por entender que la 'ley digital'
iola aspectos fundamentales del Tratado de
Roma y varias directivas comunitarias, y advier-
te al Gobierno que, si no le da explicaciones satisfactorias en 15 días, pedirá la suspensión cautelar de la ley al Tribunal de Justicia de las Comunidades. Este tropiezo con la Comisión Europea se produjo en la misma jornada en que la
conjunción del PP, IU y PNV permitió la aprobación definitiva de la 'ley del fútbol', mientras
se conocía una sentencia del Supremo que considera que el reparto actual de los derechos del fútbol es compatible con el interés general.
La Comisión Europea abre procedimiento urgente
de infracción contra el Gobierno por su 'ley digital'
Da 15 días de plazo para responder y advierte que pedirá al Tribunal la paralización provisional de la norma
XAVlER VlDAL-FOLCH, Bruselas
La Comisión Europea decidió ayer, en su
reunión plenaria, abrir un procedimiento
de infracción contra España al considerar
que la ley nacional de televisión .digital
Monti dijo que justamente se trata de evitar esos daños irreparables. Se refería al plazo de dos
meses, hasta el 7 de julio -o de
tres, hasta el 6 de agosto, según
reciente interprete:rción de AriasSalgado-, transcurrido el cual
Canal Satélite no podría comercializar sus descodificadores, de
acuerdo con la norma española
en vigor.
El anuncio de medidas cautelares es verdaderamente excepcional. A lo largo de toda la historia comunitaria, la Comisión
sólo las ha solicitado en ocho casos. Supone, en consecuencia, un
durísimo revés para la política de
acoso y derribo contra el Grupo
PRISA y pone en cuestión el intento de boicotear el lanzamiento de un servicio de televisión digital que no se ajusta al dictado
que quiere un Gobierno en concreto, en este caso el de José María Aznar.
También es particularmente
duro para el Gobierno la urgencia que supone el exiguo plazo
que se le concede para presentar
sus alegaciones, 15 días naturales
desde que reciba la carta de emplazamiento. Si el Gobierno no
contesta o lo hace de forma insatisfactoria,. el Ejecutivo comunitario emitirá, sin necesidad de
otros plazos, "dictamen ·motivado" y podrá pedir directamente
al Tribunal de Luxemburgo la
suspensión de la ley española en
sus aspectos ilegales.
viola el derecho comunitario. El procedimiento tiene caracteristicas de extrema
dureza: sólo otorga 15 dias naturales al
Gobierno para contestar -en lugar de
dos meses, como ha ocurrido en otros
procedimientos- y anunCia que pedirá
"medidas cautelares" o provisionales al
Tribunal de Justicia de las Comunidades,
"para suspender la aplicación de la ley".
El comisario de Mercado Interior, Mario
Monti, destacó ante los periodistas que el
anuncio de medidas cautelares se realiza
porque la ley "crea situaciones perjudiciales a las partes interesadas, en violación
del derecho comunitario".
miento y enviarla al Gobierno,
tras reducir un poco la extensión
del borrador de 21 páginas que
estaba preparado.
El Gobierno, prudente
El ministro Rafael Arias-Salgado, en una de sus intervenciones en el Parlamento.
Martín Bangemann, Karel van
Miert, Manuel Marín e YvesThibault de Silguy intervinieron
ayer en la reunión del Colegio de
Comisarios , para constatar,
como Mario Monti, que las leyes
no se modifican por carta y que
la urgencia es necesaria en este
caso para proteger los derechos
de los afectados por la ley de Aznar. Al final, todos decidieron
por consenso abrir el procedimiento.
Las causas del mismo son la
violación de la libertad de circulación de mercancías (artículo 30
del Tratado) y de la libre prestación de servicios (artículo 59), así
como de varias directivas comunitarias. Monti se disponía anoche a firmar la carta de emplaza-
Poco después de que se hiciera
pública la decisión de la Comisión, el ministro de Fomento,
Rafael Arias-Salgado, aseguró
en los pasillos del Congreso que
confia en que el conflicto "se resuelva positivamente de acuerdo
con el derecho comunitario".
El ministro suspendió otras
comparecencias públicas que tenía previstas, como la presentación del libro Derecho de las Telecomunicaciones. Su departamento difundió una nota en la
que aseveraba que abrir un procedimiento de infracción no es
infrecuente y que Fomento se encontró con dos procedimientos
de infracción abiertos al Gobierno socialista, los de Airtel y Cablevisión, y los dos "se resolvieron adecuadamente". Una sorprente mención , por cuanto e
Ejecutivo no resolvió el problema de Cablevisión: lo hicieron
las empresas afectadas, Canal +
y Telefónica.
Por su parte, el vi~epresident
primero, Francisco Alvarez Cas
cos, declinó pronunciarse. L
portavoz de Telecomunicacione
del PP, Ana Mato, valoró el ex
pediente de infracción comunitario simplemente como "un pro
cedimiento informativo".
Cascos lo estropeó
La Comisión confía en que el
Gobierno dé marcha atrás y dicte un decreto-ley invalidando su
norma digital. En caso contrario, seguirá su proceso. "La carta
[del ministro Arias-Salgado
anunciando la voluntad de no
aplicar los aspectos más polémicos de la ley] no es suficiente,
porque cuando existe una ley, la
declaración de intenciones de un
Gobierno no vale, incluso si no
hubiese sido desmentida por
otro miembro de ese Gobierno",
indicó con ironía Monti, refiriéndose a la afirmación del vicepresidente primero, Francisco Álvarez-Cascos, en el sentido de que
la carta de Arias-Salgado no significaba que fuera a producirse
rectificación alguna.
Las declaraciones de ÁlvarezCascos estropearon los esfuerzos
realizados por el comisario Marcelino Oreja, quien pugnaba por
hallar indicios de arrepentimiento en su Gobierno y utilizarlos
para paralizar o al menos retrasar la apertura del procedimiento contra España. Oreja creía haberlos encontrado en las renuncias expresadas por Arias-Salgado en su carta del martes e hizo
partícipe de ello a sus colegas.
Pero fue en vano. Las comisarios
Rubalcaba: "Esto demuestra que la pertenencia
a Europa es incompatible con el abuso de poder"
J. G. I. Madrid
El Grupo Parlamentario Socialista anunció ayer que pedirá la
comparecencia urgente del Gobierno ante la Comisión de Infraestructuras del Congreso
para que explique el procedimiento abierto por la Comisión
Europea contra España, por
conculcar la ley de televisión digital varias normativas comunitarias. El diputado socialista
Alfredo Pérez Rubalcaba declaró que "es to demuestra ,
para suerte de los españoles,
que la pertenencia a Europa es
incompatible con el abuso de
poder'.
Rubalcaba , responsable de
medios de comunicación en la
ejecutiva federal del PSOE, resaltó que la infracción denunciada por la Comisión Europea
"es gravísima, porque lo que se
ha vulnerado es la Constitución
europea, el Tratado de Roma ",
y añadió que "el Gobierno tiene ue a render que la defensa
de los intereses de España en
Europa requiere, en primer lugar, respetar la normativa comunitaria".
El portavoz socialista en la
Comisión de Infraestructuras,
Jenaro García Arreciado, estimó que ha quedádo demostrado que la ley de televisión digital no trasponía la normativa
europea sino que se adentraba
en un proceso anticomunitario.
"Se lo dijimos al Gobierno, y
no nos escuchó. Hoy, no el Gobierno, sino el Parlamento del
Reino de España se encuentra
en la situación humillante de
ser requerido por la Comisión
para cambiar una legislación" .
CiU: "Lo advertimos"
El portavoz de Convergencia i
Unió en el Congreso, Joaquim
Molins, invocó que su grupo
parlamentario ya advirtió que
"era un error prohibir la utilización de un descodificador, de
tal manera que parecía que se
estuviera dando prioridad a un
segundo operador que ya tenía
ese descodificador en marcha y
que estaba perfectamente homologado en el mercado". Molins comentó que la apertura
del procedimiento contra España "vendría a dar la razón" a
las posiciones defendidas por
CiU, y que el Gobierno desatendió. Molins trató, a la vez,
de quitar importancia a la posibilidad de que la Comisión Europea lleve al Gobierno español al Tribunal de Justicia de la
UE. "Eso son mecanismos normales . Lo deseable ", matizó ,
"es que no ocurra, pero no hay
que dramatizar las cosas".
Luis Mardones, diputado de
Coalición Canaria , subrayó
que el Gobierno no tenía por
qué haber practicado un obcecamiento que ha llevado a España a recibir un varapalo de la
Unión Europea. "Con la decisión de la Comisión Europea se
pone de evidencia que tenía pleno fundamento jurídico y político la reticencia de Coalición
Canaria al proyecto de ley, y las
enmiendas que mantuvimos
hasta el final. Veremos qué salida tiene la tozudez del Gobierno".
Felipe Alcaraz, portavoz adjunto de IU-IC, soslayó esa dimensión de varapalo político
-a una ley que apoyó él y su
grupo parlamentario- y se remitió a que el Ejecutivo tendrá
que aportar a Bruselas una serie de explicaciones, entre ellas
las referidas a si el descodificador de Canal Satélite Digital
puede servir para captar señales de otras plataformas de televisión. Alcaraz puso el acento
en que IU-IC seguirá luchando
para que el usuario tenga que
comprar sólo un descodificadore insistió en que hay varias
soluciones tecno ló gicas para
que un solo aparato permita
acceder a varias plataformas.
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Materia
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Comunicación
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Persona o institución mencionada
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Jaume Ferrús
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Pedro Pérez
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Rafael Arias-Salgado
