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Extensión
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2 fojas
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Resumen
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El Gobierno holandés quiere legalizar la prostitución para ejercer más control sobre ella.
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Se daña la estación orbital rusa Mir tras chocar con una nave de carga.
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Botsuana pone a la venta 25, 3 toneladas de marfil.
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José Maria Vázquez Quintana es acusado del delito de prevaricación.
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Austria viola el artículo 10 de la Convención Europea de los Derechos del Hombre.
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Los abogados de Sogecable recurren la fianza impuesta por el juez Javier Gómez.
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Tipo
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Artículo periodístico
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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EL PAÍS, miércoles 2 de julio de 1997
SOCIEDAD 137
El Gobierno
holandés intenta
de nuevo legalizar
la prostitución
EP 1 AFP. La Haya
El Gobierno holandés intentará
convencer nuevamente al Parlamento de la necesidad de legalizar
la prostitución para poder ejercer
un control mejor sobre ella. La
propuesta se realiza tras el fracaso
de una iniciativa similar presentada hace tres años.
El ministro holandés de Justicia, Winnie Sorgdrager, presentó
ayer en la Cámara de los Diputados un proyecto de ley anulando
la prohibición general sobre la
prostitución que figura en el Código Penal. Al texto le acompaña
una serie de medidas tendentes a
luchar más eficazmente contra las
modalidades más aberrantes de
prostitución.
Según Sorgdrager, "la existencia de la prostitución es un hecho
que el Estado no puede ignorar y
se debe adoptar una actitud realista , normalizando sus condi- ,
ciones" .
Según los términos del proyecto de ley, los municipios tendrán
competencia para regularla y controlarla. Ellos impondrían las reglas para conseguir la autorización de explotación (espacio mínimo del lugar de trabajo, puertas
de seguridad), ubicación, normas
de higiene (agua corriente, uso
obligatorio de preservativos), estatuto de las prostitutas (protección
de su in~gridad física y psíquica,
permiso de residencia y prohibición de prostitución de menores).
Botsuana saca
al mercado
25 toneladas
de marfil
-Vista general del centro de control de Koróliov, cerca de Moscú, que vigila la situación de la Mir.
Los daños de la 'Mir', .valorados
en 430 millones de pesetas
AGENCIAS, Moscú
La situación en la estación orbital rusa Mir, dañada la pasada semana al chocar con una
nave de carga, se mantiene estable, según los científicos del
centro de control de Koróliov.
Fuentes oficiales rusas valoraron ayer en unos 430 millones
de pesetas los daños. Esa cifra
se incrementará con el coste de
la necesaria reparación de un
agujero de tres centímetros
cuadrados en el módulo
Spektr, a resultas de la colisión.
Los expertos siguen considerando la posibilidad de que
los astronautas -los rusos
Tsíbliev y Lazutkin, y el esta-
dounidense Foale- realicen
un paseo espacial para inspeccionar la estación.
"Estamos entrenando a la
tripulación para que entre en el
Spektr" , dijo el director de la
misión , Víktor Blágov, que
añadió que la fecha más probable para que esa entrada se
produzca es el próximo día 1 L
AFP. Gaboron
Botsuarl.a anunció ayer su intención de poner a la venta 25,3 toneladas de marfil, de las 30 que
tiene almacenadas. La iniciativa
deriva del levantamiento parcial
del embargo internacional del
comercio de marfil decidido en la
asamblea del Convenio sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), que
se celebró el pasado junio en Harare (Zimbabue).
La cantidad de marfil puesta
en el mercado por el Gobierno de
Botsuana representa el máximo
autorizado por las medidas del
CITES, tomadas con carácter
experimental. El marfil botsuano
deberá ser enviado a Japón, cuya
asociación de talladores lo distribuirá en un plazo de 18 meses.
Botsuana tiene una población
de 80.000 elefantes, con una tasa
reproductiva del 5%. Las autori- ~
dades intentan desde 1990 reducir el número de proboscídeos a
50.000.
El CITES ha autorizado a
vender a Japón marfil almacenado por Botsuana, Zimbabue y
Namibia. Algunos otros países
africanos presionaron en tal sentido, por lo que hubo fuertes enfrentamientos entre las delegaciones. La decisión liberalizadora supone una corrección de la
política de embargo acordada en
la anterior asamblea del CITES,
celebrada en Lausanne en 1989.
@; MBTROPOLI
COMUNICACION
38/ SOCIEDAD
EL PAÍS, miércoles 2 de julio de 1997
Canal Satélite Digital acusa de prevaricación
a la autoridad que denegó su inscripción
Admitida a trámite la querella contra Vázquez Quintana por favorecer a una empresa
EL PAÍS, Madrid
La negativa a inscribir a Canal Satélite Digital en el registro público de operadores
fue un delito de prevaricación [dictar una
resolución injusta a sabiendas] cometido
por el presidente de la Comisión del Mer-
La· querella, que ha sido admitida a trámite por el juzgado de
instrucción número 4 de los de
Madrid, se dirige contra cuatro
miembros de un órgano de reciente creación, que fue nombrado por el Gobierno y está adscrito al ministerio de Fomento.
Los abogados de Canal Satélite explican que, tras realizar
cuantiosas inversiones y después
de varios meses de pruebas, el
inicio de la comercialización de
sus servicios, el 30 de enero, "disgustó profundamente en determinados ambientes periodísticos
y políticos, decididos a potenciar
por todos los medios otra empresa de la competencia". Según
los querellantes, el competidor al
que los cuatro miembros de la
Comisión querían favorecer era
DTS (participada fundamentalmente por Telefónica, Radiotelevisión española y Televisa),
que ha anunciado la comercialización de sus servicios con la
marca Vía Digital.
El acto administrativo de denegar la inscripción de Canal Satélite "se dictó con los únicos fines de perjudicar a Canal Satélite" y "beneficiar a su rezagado
competidor DTS", según la querella. Esa denegación "constituye una resolución administrativa
absolutamente arbitraria, dictada en contra del parecer de tres
de los siete miembros de la Comisión por los cuatro querellados que, aún conociendo la injusticia de la decisión que adoptaban, votaron en su favor con el
fin de perjudicar a Canal Satélite
Digital y favorecer a una empresa de la competencia".
cado de las Telecomunicaciones, José Maria Vázquez Quintana, y tres de los consejeros de la misma, Gloria Calvo, José
Montes y Juan José Zubeldía. Así lo afirman los abogados de Canal Satélite en la
querella que han presentado contra dichas
personas, cuyo voto negativo a la inscripción de Canal Satélite se produjo después
de que Vázquez Quintana cambiara la resolución favorable a la inscripción que había sido propuesta por el ponente del expediente.
José M. Vázquez Quintana, presidente de la Comisión de Telecomunicaciones.
El director general de Canal
Satélite Digital, Jaume Ferrús,
presentó el 5 de febrero pasado
la solicitud de inscripción en el
registro de operadores de "servicios de acceso condicional", al
que aportó todos los datos exigidos. Tras varios meses de estudio
del asunto por el ponente del expediente -el vicepresidente del
Consejo, Florenci Bach- éste
formuló borradores de resolución favorables al derecho de
inscripción de Canal Satélite. Sin
embargo, el 6 de mayo de 1997,
el presidente del Consejo de Telecomunicaciones, José María
Vázquez Quintana, presentó por
sorpresa "una nueva propuesta
de resolución, denegatoria de la
inscripción, que se repartió en la
reunión y que fue votada favora-
blemente por los querellados",
relata el texto.
La querella presentada al juzgado recuerda que dos de los que
votaron en perjuicio de Canal
Satélite han estado vinculados a
Telefónica, el principal accionista de DTS. Es el caso de Vázquez Quintana, quien ha hecho
casi toda su carrera profesional
en dicha compañía, y de José
Montes , ex consejero de la
misma.
A juicio de los querellantes,
esa decisión es insólita: "Quienes
tienen la mayoría en el órgano
encargado del registro rechazan
su inscripción ", dicen, con lo
cual se coloca a Canal Satélite
"en una grave situación de inseguridad jurídica y de apariencia
de ilicitud negativa para la empresa, que retrae a potenciales
clientes y previene a algunos proveedores y distribuidores".
Los querellantes reproducen
el acta de denegación, en la que
no se alega otro motivo que el de
no haber disipado completamente las dudas sobre algún aspecto relacionado con los descodificadores y en la que ni siquiera
se daba la posibilidad de subsanar cualquier eventual deficiencia. Para los querellantes, el hecho de que un órgano administrativo español se arrogue la función de valorar el cumplimiento
de especificaciones técnicas por
equipos o sistemas comercializados en otros países de la Unión
Europea "contradice la libertad
de circulación de mercancías y la
libre prestación de servicios", así
como la directiva comunitaria de
televisión 95/47.
Los abogados de Polanco recurren la fianza impuesta
EL PAÍS, Madrid
Los abogados del presidente de
PRISA y de Sogecable, Jesús de
Polanco, han recurrido la fianza
de 200 millones de pesetas é¡ue le
impuso el juez Javier Gómez de
Liaño por considerar que es una
medida "superflua, estéril y arbitraria". Para los letrados, la libertad bajo fianza de 200 millones y las medidas cautelares
complementarias adoptadas por
el magistrado son gratuitas y
constituyen una pena anticipada.
Asimismo niegan los delitos de
los que el juez dice haber observado "síntomas".
Los autores del escrito califican de superflua la fianza porque
no aporta ventaja procesal de
ningún tipo que pueda suponer
un éxito a la investigación o que
ese éxito pudiera verse en peligro
si no se hubiera tomado. Y señalan que el juez ha de admitir que
"poco o nada" se ha avanzado
en el conocimiento de los hechos
desde el inicio del procedimiento, puesto que los hechos están
acotados desde el principio.
La medida es también "noto-
riamente estéril", según el recurso: "No se acierta a comprender
qué es lo que dentro del proceso
se garantiza mediante la fianza
impuesta", agrega. Pero sobre
todo, la resolución es arbitraria
porque el juez no explica las razones que le han conducido a
adoptar la medida cautelar citada.
Los letrados destacan que el
propio auto del juez reconoce
que no se ha generado ni un ápice de alarma social; que Polanco
no tiene intención de sustraerse
de la acción de la Justicia; y que
con su conducta no ha perturbado de forma alguna el desarrollo
de la instrucción. Por ello concluyen que el propio auto judicial ahorra mayores esfuerzos de
argumentación a la hora de sostener que la resolución tomada
- 200 millones de fianza y otras
medidas- "transgrede la frontera entre lo discrecional y lo arbitrario, para instalarse de manera
pugnaz en el cómodo seno de lo
segundo".
El recurso defiende que no
existen hechos que presenten ca-
racteres de delito y señala: "No
deja de ser llamativo, significativo y, por qué no decirlo, extraño,
que a estas alturas no podamos
determinar dónde se halla el escrito que en su día formuló esta
parte, con fecha 1O de abril de
1997, instando el libre sobreseimiento de las actuaciones". Escrito que no ha sido resuelto formalmente.
No hay perjudicados
El recurso se opone igualmente a
los tres delitos que menciona el
juez. Respecto a la falsedad y delito societario, los abogados de
Polanco niegan que los hechos se
produjeran como los describe el
auto y añaden que, incluso en el
hipotético caso de que así hubiera sido, los hechos serían anteriores a su tipificación en el nuevo Código Penal.
Sobre la apropiación indebida, los letrados califican de "insólita contumacia" la actitud del
juez al "afirmar no ya que en el
pasado existiera riesgo de que los
abonados no recuperasen sus
fianzas, sino incluso que la sociedad ha llegado a un punto sin retorno que impide el cumplimiento de la obligación contraída con
los abonados y depositantes".
Los abogados recuerdan que
ha habido cientos de miles de casos en los que las fia nzas han
sido devueltas y además -y el
juez no lo ignora- se ha constituido un seguro que garantiza la
devolución de la totalidad de las
fianzas , incluso aunque se so lici-·
tasen simultáneamente. "Asistimos a la descripci ó n de una
apropiación indebida sin perjudicados y sin perjuicio", afirman.
En cuanto a la supuesta estafa
mediante el IV A, el recurso agrega que la conducta descrita en el
auto judicial nunca podría ser
constitutiva de estafa. Y puntualiza : "Es radicalmente falso que
no se advirtiera a los abonados
de Canal + de la aludida rebaja
del !VA, tal y como tenemos
- estérilmente para el instructor- probado mediante la documentación aportada junto con
nuestro escrito de 16 de abril de
1997".
Condena europea a
Austria por violar la
libertad de expresión
EUROPA PRESS. Estrasburgo
El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos condenó ayer a
Austria por la violación del artículo 1O de la Convención Europea
de los Derechos del Hombre
-que garantiza la libertad de expresión- en el caso del periodista
Gerhard Oberschlick, multado
por un artículo que se consideró
"agresivo" hacia el líder de la derecha nacionalista austriaca
(FPOE), Joerg Haider. Austria
tendrá que reembolsar la suma pagada por el periodista y más de 1,5
millones de pesetas por gastos.
En marzo de 1991 , Oberschlick, redactor jefe de la revista
Forum, publicó un artículo en el
que calificó de "imbécil" al entonces jefe de Gobierno del lander de
Carinthie. El Tribunal Correccional de Viena consideró que dicho
término era injurioso y que su utilización no podía tener otra finalidad que la de agredir. Oberschlick
fue multado con cerca de 44.000
pesetas.
El Tribunal Europeo, que se
hizo cargo del caso en 1996, consideró en cambio que la libertad de
expresión, garantizada por la
Convención de los Derechos del
Hombre, no sólo es válida para las
calificaciones e ideas positivas,
sino también para "aquellas que
chocan, hieren o inquietan", siendo este principio "de particular
importancia para la prensa".
IU también pide
explicaciones por
la 'ley digital'
EL PAÍS, Madrid
IU se sumó ayer a la petición
adelantada por el PSOE el lunes
para que comparezca en el Congreso el ministro de Fomento,
Rafael Arias Salgado, y dé explicaciones sobre la postura del Gobierno ante la apertura de un expediente de infracción comunitario por la ley de televisión digital.
Sin embargo, lU no ha solicitado
la convocatoria de la Diputación
Permanente del Congreso, lo que
sí ha hecho el PSOE, por entender que ese trámite se evitaría
con una comparecencia voluntaria del Gobierno.
La portavoz de lU en el Congreso , Rosa AguiJar, aseguró
que esa explicación parlamentaria es urgente tras la apertura de
expediente a España por la Comisión Europea.
Acuerdo entre
Nuesa y la
Menéndez Pelayo
EL PAÍS. Madrid
La empresa NUESA Editorial,
que trabaja en el fomento de actividades culturales, y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UlMP) han llegado a un
acuerdo por el que durante los
próximos tres años colaborarán
en la organización de cursos y
conferencias, así como en la promoción de actuaciones musicales
y otras producciones de carácter
audiovisual. Desde ahora las actividades de la UlMP se extenderán
a todo el año. El acuerdo pretende
lanzar a jóvenes autores y aplicar
nuevas tecnolo ías.
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Materia
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Comunicación
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Persona o institución mencionada
-
Gobierno holandés
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Winnie Sorgdrager
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Botsuana
-
José Maria Vázquez Quintana
