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Extensión
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1 foja
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Resumen
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El gobierno mexicano está provocando tensiones con diversos sectores, incluidos los trabajadores y grupos patronales, a través de políticas fiscales impopulares y acciones percibidas como autoritarias. Estas medidas, que buscan recaudar más impuestos, están generando descontento y desconfianza..
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Tipo
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Artículo periodístico
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
A ratos, el gobierno mexicano recuerda al
borrachito del cuento que, rijoso, en busca
de querella, se pone en medio de la cantina,
traza una línea imaginaria delante de sí, y
ordena a los circunstantes: los que sean tarugos, pónganse a la izquierda, y los que sean zoquetes, pónganse a la derecha. Como
quiera que uno de los presentes se toma en
serio la clasificación y no quiere ser zoquete, lo alega así al pendenciero y éste resuelve rápidamente la cuestión pidiéndole
que se pase del lado izquierdo . O sea que ·el
pleito tenía que ser con unos o con otros. El
caso es que haya pelea.
Como si estuviera por encima de todos los
sectores, y no fuera representante de algunos de ellos, funcionarios del gobierno tiran
puñetazos a diestra y siniestra, y piden al público que se decida entre ser zoquete o tarugo. No sólo a los trabajadores ha puesto contra la pared el gobierno, con el manejo de la crisis, que alza los precios y en ciertos casos los
impuestos mientras mantiene los salarios bajo control. Ahora también despierta suspicacias e inquinas (ahora veremos si fundadas o no) en grupos
patronales. Y para colmo, hasta dentro de sus propias filas engendra reconcomios un aparato gubernamental cuyos titulares han declarado, y eso sí que
lo cumplen puntualmente, que no se proponen ganar campeonatos de popularidad.
Ya no es necesario recontar aquí el modo en que la subida constante de
precios daña la economía de los que dependen de ingresos fijos, porque se
trata de una tragedia cotidianamente comprobada, y documentalmente expuesta con amplitud. Interesa ahora examinar acciones recientes que le enajenarán al gobierno la voluntad de diversos segmentos de la sociedad,
incluida par~e de la burocracia de mediano nivel para arriba, así como
quienes en general obtienen salarios superiores a cinco veces el salario
mínimo.
Es seguro que muchos diputados y senadores no alcanzaron siquiera a
leer las reformas a la ley del impuesto sobre la renta. Mucho menos supieron
de ellas, por consecuencia, los ciudadanos comunes y corrientes. Pero una
buena porción de ellos, los que ganan setenta y cinco mil pesos al mes, y de
esa cantidad hacia arriba, deberán registrarse en el m a) o que se inicia menos
florido que de costumbre, para cubrir una sobretasa de diez por ciento, adicional al gravamen que su empleador ya les descontó cada vez que cubrió sus
emolumentos.
En abstracto, la regla de que quien tenga más es justo que pague más es
irreprochable. El procedimiento, sin embargo, y el contexto, resultan inadmisibles. Por un lado, los tenedores de capital, si bien han visto reducirse las
tasas de interés (que estaban muy elevadas) disfrutan de un régimen fiscal
que castiga el trabajo mientras que beneficia la posesión de dinero. Por ese
camino, las actividades productivas sufrirán desmedro, pues será preferible
estar convertido en rentista que en diligente trabajador que merced a la realización de diversas tareas se coloca en la hipótesis de pagar la sobretasa del
diez por ciento.
En el gobierno mismo, esta disposición afectará a un buen número de
empleados. Es claro que aun por debajo de las jefaturas de departamento,
los salarios en ciertos sectores del aparato administrativo colocan a los funcionarios muy fácilmente en el caso de tener que pagar el nuevo gravamen,
que aparece en el escenario fiscal como un monstruo inesperado, como una
hidra de Lema sin Hércules a la mano que la derrote. Los bonos que a discreción de los jefes se pagan a los altos empleados de la Federación regresarán,
por la vía fiscal, a las arcas de donde partieron, para crear con esa circulación, el doble fenómeno de la ilusión y la frustración.
Y no es que nadie preconice la existencia de una clase dorada que integren los funcionarios de altos ingresos, de los sectores públicos o privados.
Lo grave es el efecto, la imagen de desproporción que se crea al establecer un
impuesto c~yo propósito recaudatorio se alcanzaría de igual modo simplemente aumentando las tasas que ya se cobran a través de los empleadores.
Pero no: obligando a los causantes a la realización de un trámite fiscal adicional, pareciera que el borrachito rijoso añade a la bofetada un escupitajo
en el rostro del provocado.
En otro frente, también pica pleitos el gobierno. Se trata de su enfrentamiento aparente o real (lo que importa poco, pues como dice el clásico, en
política frecuentemente la forma es fondo) con la Coparmex. Como se sabe,
este sindicato patronal, fundado en 1929 por los empresarios de Monterrey
que a partir de entonces se concibieron como un poder alternativo al del gobierno federal, ha quedado ahora en entredicho. Hasta el momento de escribir estas líneas, a mediados de la última semana de abril, estaba vigente su
exclusión de la asamblea del Infonavit, y se blandía sobre la agrupación
patronal la amenaza de que la Secretaría del Trabajo iniciara el procedimiento para cancelar su registro por presuntas deficiencias en su documentación.
Carece de importancia real el que la comocatoria para elegir representantes de los sectores productivos ante el Instituto de la Vivienda Obrera no
haya incluido a la Coparmex. Tampoco incluyó a la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación, y los empresarios afiliados a ella no han gritado en demanda de sus derechos. Y no es que renuncien a ellos. Es que saben que por medio de otros mecanismos pueden hacer oir su voz. Y saben,
además, que el interés de clase que les es propio esta debidamente garantizado en la asamblea por los representantes de la Concamín y de la Concanaco,
que hasta pueden ser los mismos de la Coparmex. Esta, como cuerpo puede
que no tenga asientos en dicho cuerpo colegiado, pero sus tesis, y sus planteamientos, y hasta sus impugnaciones si es cierto que las hay, no dejarán de estar presentes
También es agua de borrajas el amago de cancelación del registro. Ni es
fácil que se inicie el procedimiento legal correspondiente, ni tendría efectos
prácticos notables en caso de llegarse a ese extremo. Por eso suenan ridículas
las afirmaciones de un dirigente patronal que vistiéndose de héroe, habla de
pasar a la clandestinidad si la patente oficial quedara cancelada. Lo cierto es
que las agrupaciones decididas por personas tienen la vida y la actividad que
esas personas decidan, con independencia del punto de vista gubernamental.
Si carece de fondo el presunto enfrentamiento con la Coparmex, no deja
de tener efectos. Aun si se trata de un valor entendido, de un acuerdo para
hacer sentir al público que también se pega por el lado de la derecha, no todos los patrones están en el ajo, y por eso expresan (varios centros patronales
de provincia ya lo hicieron) su incomodidad resabiosa frente a medidas que
les hacen, en su lenguaje, perder la confianza. O sea que se generan consecuencias negativas de todas maneras.
Un gobierno tiene que apoyarse en el consenso de sus gobernados. Es
verdad que para obtenerlo no ha de echar mano de toda clase de recursos,
incluida la mentira. La severa crisis que padecemos y padeceremos obliga a
cobrar conciencia de que la acción gubernamental reclama esfuerzos y sacrificios de todos. Pero si en vez de solicitar de buen modo esos sacrificios de todas maneras inevitables se los impone de manera autoritaria, riñendo con todos, puede resultar peor el remedio que la enfermedad.
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Materia
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Impuesto sobre la renta
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Enfrentamiento con patronales
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Política fiscal
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Control salarial
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Crisis económica
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Impopularidad gubernamental
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Descontento social
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Consenso político
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Persona o institución mencionada
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Gobierno mexicano
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COPARMEX
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Secretaría del Trabajo
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Infonavit
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Concamín
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Concanaco
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Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
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Congreso de la Unión
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Diputados y senadores
