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Extensión
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1 foja
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Resumen
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Miguel de la Madrid implementa un programa doble de austeridad y reordenamiento económico, enfrentando contradicciones entre reducción del gasto público y protección del empleo. También se discute la posible desnacionalización de la banca, con implicaciones para la participación privada en sectores estratégicos como el petróleo..
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Tipo
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Artículo periodístico
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
Ayer se inició el sexenio en que será presidente de la República don Miguel de la
Madrid. Las designaciones de funcionarios
de primer nivel que lo acompañarán en su
trayecto constitucional merecen ser examinadas aparte 1 en otra oportunidad próxima. El comienzo del periodo se amparó bajo una señal buena y mala al mismo tiempo,
ya que si bien significó un principio de austeridad republicana el que el discurso
inaugural no se hubiese visto interrumpido
por aplausos que las más de las veces son banales y mecánicos, por desgracia la decisión
correspondiente no partió de la iniciativa
camaral, sino que provino de la casa presidencial misma, la del señor De la Madrid.
Pero no nos detengamos en tiquismiquis, cuando lo importante es el cúmulo de grandes problemas a que deberá enfrentarse desde hoy mismo,
concluidas las ceremonias de asunción del mando, el nuevo titular del Poder
Ejecutivo. Parece claro que si buscamos agrupar en grandes rubros las cuestiones torales que habrá de encarar el gobierno en los próximos años,
tendríamos tres netamente definidos, que pertenecen al orden económico, al
político y al moral. Es decir, la reconstrucción de la economía, el restablecimiento del consenso favorable al gobierno y el saneamiento de las estructuras
de la ética social.
A pesar de las graves complicaciones, el problema menos árduo de los
tres anotados es el de mejorar las condiciones materiales en que vivimos.
Bien sabemos que los próximos meses serán todavía más angustiosos que los
anteriores. La pobreza se nos hará más patente. La economía no crecerá, y
ello significa que habrá menos empleo y menos consumo. El nivel de vida general se verá disminuido.
Por lo tanto, un deber prioritario de la administración será por un lado
evitar que el frenamiento económico signifique la quiebra de ramas enteras
de la producción, y por otro racionalizarlas y activarlas. Ello debe hacerse,
además, en un ambiente de gran carencia de liquidez, sobre todo en dólares,
porque las condiciones derivadas del convenio con el Fondo Monetario Internacional imponen rígidas limitaciones a la contratación de nuevos empréstitos. De esa suerte, sólo con recursos fiscales podrá impulsarse la actividad
productiva. Por ello se prevé ya el envio a las Cámaras de iniciativas de ley
fundamentales, para gravar más a los que más reciben y a los que más
tienen. Es cierto que eso puede deprimir aún más la inversión privada, pero
también lo es que no parece haber otro remedio, pues sería un error político
del nuevo gobierno andar el mismo camino que el de su predecesor, confiado
en que los particulares harían inversiones que no hicieron nunca en los montos y términos pactados.
Si se procede de esa manera, incluyendo la supresión del anonimato en
los títulos financieros, para acrecentar la capacidad de recaudación del erario (limitada actualmente porque las acciones y bonos anónimos pagan impuestos por el capital que generan, pero no por la suma acumulada en manos
de sus tenedores, que debía ser mucho mayor), el sector privado más reacio a
la solidaridad regateará de nuevo, y ahora desde el comienzo, su confianza
al gobierno. Ese es un costo que el presidente De la Madrid debe estar dispuesto a pagar, y para ello debe apoyarse en el consenso popular.
Ese es el segundo gran problema por resolver durante su administración. No obstante el gran número de ciudadanos presentes en las eleccionec;,
y el enorme porcentaje de esos votantes que sufragaron en favor del PRI, no
puede válidamente afirmarse que el sistema esté disfrutando de una alza en
su legitimidad, es decir en la confianza popular respecto de sus mandatarios. En vez de ello, puede apreciarse que ha cundido la noción, originalmente nacida en la clase media alta, de que los políticos son por esencia
corruptos, y que sólo abrazan esa profesión quienes pretenden hacerse ricos
rápidamente y sin esfuerzo. El Estado, por consecuencia, ha quedado reducido a una imagen de la que sobresalen o su autoritarismo, o su desdén por la
población, o su corrupción. Por ello, el tercer problema se entraña notablemente con el segundo, porque buena parte de la tarea de recuperación del
consenso popular amplio entraña una mejoría, un remozamiento de los comportamientos éticos de los gobernantes (si bien los reclaman también de la sociedad entera), o como lo ha propuesto el propio De la Madrid, la renovación moral de la comunidad.
Con frecuencia se escucha hablar desdeñosamente de las cuestiones morales. Se piensa a menudo que atañen sólo a mojigaterías, a trivialidades emparentadas con la Inquisicion, y que se refieren sólo a problemas de alcoba,
de la sexualidad o de las relaciones del poder y el patrimonio. Es evidente
que concebir así el ámbito de la moral social es fijarle límites que la
estrechan en exceso. La moral social (que es esencialmente cambiante, y
tiene que ver con la composición de clases de una sociedad) no es un recetario, un catálogo de reglas de buena conducta, sino un conjunto de valores
que sin estar consignados en parte alguna reposan sin embargo en la conciecia general. La honradez en el manejo de los dinero públicos, por
ejemplo, independientemente de que se encuentre estipulada en códigos penales o no, es una norma a cuya realización aspira la comunidad, que también querría ver que la austeridad comienza en el comportamiento de los altos jerarcas gubernamentales.
De la Madrid dispone de poderosos instrumentos para enfrentar el triple
género de problemas que rápidamente hemos esbozado. En primer término,
ha conocido de cerca las necesidades populares. Aunque la campaña presidencial sea mucho obra de artific~o, pantalla que oculta buena parte de la
realidad, ésta tercamente su cuela hasta las oficinas presidenciales. Ya conoceremos, por ejemplo, los arbitrios que ha ordenado instrumentar el nuevo
Presidente en torno de la seguridad de los ciudadanos, problema que le fue
planteado una y otra vez por expertos y víctimas de mecanismos policiacos
cada vez más inmanejables. Y eso ocurrirá como resultado del conocimiento
que ha llegado a tener de lo que la población reclama. Es verdad que la
transformación nacional de los últimos meses le habrá obligado a revisar
estrategias y tácticas, pero también es verdad que técnicamente el Presidente
dispone de los elementos de planeación que permitirán el ataque racional y
eficaz a esos problemas. Dispone también de una infraestructura jurídica y
administrativa que posibilitará la acción gubernamental en torno de esos objetivos. En ese punto, resulta claro que el caudal de posibilidades de regulación económica derivado del poderoso sector público (incluida naturalmente
la banca nacionalizada, que s~guirá estándolo) constituyen la principal
herramienta de que podrá valerse el gobierno en sus empeños por enfrentar
los formidables desafíos que tiene delante de sí.
Con todo, en vista de que partiremos de cero, desde ahora será saludable no fijar metas demasiado ambiciosas. Ya sería mucho que De la
Madrid, admirador del constitucionalismo de Morelos, pudiera dentro de
seis años estimar que al menos hizo realidad el duodécimo sentimiento de la
nación "Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte
nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo,
moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del
pobre, que mejoren sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el
hurto".
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Materia
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Austeridad
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Empleo
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Liberalismo económico
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Precios regulados
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Reforma fiscal
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Nacionalización bancaria
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Inversión privada
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Devaluación
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Soberanía cambiaria
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Política energética
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Persona o institución mencionada
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Miguel de la Madrid
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Carlos Salinas de Gortari
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Gobierno Mexicano
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FMI
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Secretaría de Programación y Presupuesto
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Secretaría de Comerci
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Secretaría de Hacienda
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PEMEX
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Sector privado
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Congreso de la Unión
