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Extensión
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1 foja
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Resumen
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La decisión de trasladar oficinas federales a Pachuca como parte de la descentralización es cuestionada por sus posibles efectos negativos en la ciudad, que carece de infraestructura y servicios suficientes. Se advierte sobre los problemas similares ocurridos en Xalapa y Tula tras iniciativas similares..
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Tipo
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Artículo periodístico
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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POR MIGUEl ANGEl GRANADOS CHAPA
Se ha anunciado la construcción del edificio de la Procuraduría de Justicia del
Distrito Federal dentro de un extenso predio situado en la confluencia de las avenidas Canal de Miramontes y Las Bombas,
cerca de Villa Coapa, en la delegación de
Coyoacán. La nueva casa es indispen able
para la Procuraduría, pues perdió la suya
en los terremotos de septiembre de 1985.
Pero la noticia ha sido mal recibida por grupos de residentes en la pequeña comarca, al
menos por dos razones.
La primera tiene que ver con la ecología.
La superficie donde estará el nuevo edificio
es suficientemente extensa como para acondicionar allí un pulmón verde, del que carece la zona. Tanto se conoce esta verdad,
que las propias autoridades del Departamento avisaron ya que allí se implantará la
;'alameda del sur" . Pero el beneficio que esa decisión acarrearía a ese
-perímetro, queda disminuido, o hasta anulado, por la presencia de la
Procuraduría. No sólo porque e!>o resta espacio al verdor necesario en la zona, sin? porque pareciera que se resolvió establecer la alameda a modo de excipiente que permitiera hacer tragar el amargo medicamento que es la oficina judicial.
La otra razón es de mayor peso y trascendencia, si cabe. El público que
se ha manifestado contra la edificación de la Procuraduría lo ha expresado,
pero seguramente muchos otros vecinos que no sienten la posibilidad o la
tranquilidad de hacerlo lo dirían también. Los habitantes de las inmediaciones tienen miedo . Y repulsión. El objeto de ambos sentimientos es la
· Policía Judicial . Se trata de prevenciones que conciernen no sólo al destino
personal de los que radican en la región urbana afectada, sino que se extiende a los detenidos que pudieran ir a parar a los separas de la judicial. Y aunque se intentan aclaraciones que precisan la ubicación de los centros de detención en otras partes, el temor no cede, y las manifestaciones en contra de
la construcción tampoco.
A fe mía que no se trata de un resquemor descabellado ni irracional, y
en ello radica su condición preocupante. Los habitantes del Distrito Federal
no sólo no confían en , sino que padecen y rehuyen a sus autoridades policiacas. Ello es cierto respecto de la Preventiva, pero lo es también en grado
extremo respecto de la Judicial. Una larga, documentada y documentable,
vivísima historia de agresiones a ciudadanos inocentes ha hecho de la Policía
Judicial uno de los escollos en el entendimiento entre los gobernantes y los
gobernados.
Para empezar, se duda mucho de la pericia investigadora de la Policía
Judicial, que depende del Ministerio Público para la persecución de los delitos. Los altos índices de impunidad que se registran en la ciudad capital
muestran que no abunda la destreza entre los agentes judiciales. Pero sería
perdonable su falta de aptitud técnica >·, desde luego, sería una deficiencia
enmendable. Con sólo instrumentar los cursos requeridos, o perfeccionar los
existentes, los policías quedarían en capacidad de enfrentar con éxito las indagaciones que les corresponden.
Pero el problema mayor es de ot~a naturaleza. Es de barbarie y de
corrupción, o de corrupción o. barbarie, pues no sabríamos cuál es el orden
de prioridad adecuado. Todo ei rriund¿ sabe que pocos enclaves más proclives a la dádiva o la exigencia ilegítimas existen en el gobierno .como en la
Policía JudiciaL A_lli cobran Jyasta por saludar. Si usted ha sido vÍctima del
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robo de un automóvil, circunstancia cada\ ez más frecuente, ha de estar clispuesto a pagar los servicios de los agentes encargados de localizar su
vehículo, como si se tratara de contratar a una agencia privada de imes ti gación. Si no, el vehículo puede no aparecer jamá~ . Y si se le localiza con rapidez, puede usted estar seguro de que la prontitud deriva del hecho, increíble
pero cierto, de que los propios agentes está n en co mplicidad con los ladrones,
y por eso pueden fácilmente tener a la ma no el auto desaparecido.
Si sólo se tratara de corrupción, el problema no sería tan profundo como
en realidad es. No es que podamos disminuir la relevancia de la deshonestidad adm inistrativa, y menos cuando concierne a la procu ración de justi-cia,
porque eso implica que quienes carecen de los medios para comprarla, opara evitar su aplicación, están en desventaja irrepara ble frente a quienes sí los
poseen. Pero tratándose t.le dinero casi siempre es posible hallar una solución.
No la hay, en cambio, cuando se tra ta de la arbitrariedad y la violencia .
De la barbarie, pues. Y esa no es escasa, y es tá lejos de haber sido con trolada
en la Policía 1udícial. Todos los días es posible ver, transitando en las calles
capitalinas, vehículos sin placas, o con las correspondientes a periodos atrasados, dotados de largas antenas, cristales polarizados, o torretas con luces
intermitentes . Dios nos libre de toparnos con alguna de ellas, porque es mu y
posible que de su interior desciendan agentes a extorsionar o francam entt: a
agredir a quien corresponda . Ya una vez alguños de esos agentes, que transit¡lban en· sentido contrario por una vía atestada de vehículos en el sentido
correcto , se enfrentaron al propio director de la Policía Preventi\·a, el ge neral José Domingo Hanmez Garrido Abreu, que recién había tomado posesión
de su cargo.
Pero el peligro no está sólo en la calle . Consta que la tortura , contra la
cual no acaba todavía de legislarse, sigue siendo práctica frecuente, o constante, en las indagaciones a cargo de la Policía 1udicial. Se llega al extremo
de practicarla en presencia de periodistas, como una demostración de que la
eventual reacción de la opinión pública importa poco a los judiciales .
Sabemos que no es fácil ya no digamos extirpar sino siquiera paliar e~tas
prácticas bárbaras y corruptas. Los remedios de que debiera echarse mano
son de tal naturaleza que, algunos al menos, exceden la dimensión de la
Procuraduría misma, porque tienen que ver con los valores que la educación
formal e informal propone a la sociedad . Si se fomenta por doquier lá codicia
por los bienes materiales, es difícil que un ageute judicial responda a la predica que le sugiere una vida austera, tal como puede llevar con la paga
legítima que recibe. Pero por supuesto algo se puede hacer, sin ingenuidad
pero con realismo. (A propósito de ingenuidad recuerdo un episodio en que
la procuradora precedente, Victoria Adato de !barra, señalaba a un su interlocutor las grandes ventajas moralizadoras de los gafetes donde aparece el
retrato del portador y su nombre y categoría. ¿Quién puede pedir una mordida o asestar un golpe a un detenido, razonaba, si su gafete lo denuncia ante
la víctima, que así puede identificarlo inequívocamente? La posibilidad eiemental de que se despojaran de ese documento quienes pretendieran morder
o torturar no cabía en la cabeza de la señora 'Pr u ado , pues1erá
uso
obligatorio, y todo el mundo acataba esa calidad. El razonamiento , sin embargo, quedó muy pronto invalidado porque a pedido de la señora Procuradora subió a su oficina el entonces jefe de la Policía Judicial, el abogado José
Trinidad Gutiérrez ... que no llevaba co nsigo su gafete y no recordaba dónde
lo había dejado).
La gente teme, siente repulsión, quizá experimenta odio por la Policía
Judicial. Se trata, quizá, de una generalización absurda e injusta respecto de
~os agentes judiciales honestos y expertos que sin duda se hallan también
entre sus filas. Pero ese es el hecho que ha de revertirse.
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