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Extensión
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1 foja
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Resumen
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La elección de Ignacio López Tarso como líder de la ANDA marca un intento de renovar el sindicato tras años de corrupción y falta de democracia. La disolución del Sindicato de Actores Independientes subraya las dificultades para mantener una lucha sindical independiente en el medio artístico..
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Tipo
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Artículo periodístico
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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CASTIGAR, DE VERDAD,
Martínez Corbalá ... en defensa de los derechos humanos.
POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
Entre las muchas consecuencias de los sismos de septiembre, una de la mayor importancia ha sido la renovada, naciente, preocupación pública por la tortura. Durante
mucho tiempo, ése ha sido un tema propio
de sectores pequeños, preocupados por el
respeto a los derechos humanos, y con frecuencia adscritos o inclinados hacia una posición política de izquierda, porque la tortura ha sido uno de los instrumentos de
represión más a menudo utilizados, contra
esa corriente, sin embargo, lo que caracteriza a la tortura a la mexicana es su uso universal, no sólo contra militantes, sino
contra cualquiera que tenga el infortunio
de caer en manos de organismos de investígación, sean civiles o militares.
Luego de las denuncias, insuficientemente rebatidas, pues hasta se exhibieron certificados de defunción cuyo contenido, que no se desmintió, provocaba la convicción de que los colombianos hallados muertos en los separados
de la Procuraduría del Distrito habían sido torturados, y luego de que se
frustró el propósito de que la Procuradora acudiese a la Cámara de Diputados a dar cuenta de ese y otros episodios, el gobierno ha querido dar una respuesta, al mismo tiempo sesgada y más de fondo, a ese terrible probiema.
Para ello ha propiciado la presentación de dos proyectos de ley contra la tortura, uno suscrito por la comisión de derechos humanos del Senado (entre
cuyos miembros figuran personajes del relieve de don Antonio Martínez Báez, conocido internacionalmente por su lucha en defensa de tales derechos en
una perspectiva netamente jurídica, así como don Gonzalo Martínez Corbalá, que conoció de cerca violaciones de ese género en el breve tiempo mediado entre el golpe de estado de Pinochet y el momento en que cerró la em·bajada de México en Chile) y otro por el también miembro de esa Cámara
don Manuel Villafuerte Mijangos.
Aunque sean suceptibles de perfeccionamiento (el primer proyecto ya
fue adicionado por el propio Martínez Báez, con objeto de que los torturadores, si se aprueba la ley, no tengan derecho a la libertad bajo fianza), las
iniciativas son ya plausibles en sí mismas, porque revelan el grado de conciencia que en algunos sectores del gobierno se ha adquirido sobre la gravedad de ese problema. Cón todo, es claro que no vasta el mejoramiento de la
ley para combatir esa nociva práctica, sino todo un aparato fincado en lavoluntad política de no auspiciar y ni siquiera los malos tratos físicos y sicológicos a los detenidos, sean políticos o comunes; y de castigar severamente el uso
de la tortura cuando no se usa para fines en sí mismos légales (como la indagación judicial), sino para intimar, para obtener delaciones o simplemente
para extorsionar.
Porque entre nosotros la tortura adquiere modalidades que al parecer
son desconocidas, o no frecuentes, en otras partes del mundo. El asombro
con que los argentinos se han asomado, contemporáneamente o a posteriori,
a las prácticas de los aparatos militares y policiacos en la guerra sucia
emprendida contra vastos sectores del pueblo argentino, muestra que antes
de entonces tales prácticas eran o muy localizadas o ignoradas en aquell~
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cultura. Entre nosotros no es así, para desgracia nuestra.
La práctica de la tortura policiaca en México es ancestral. Fórma parte
del modo de ser de las autoridades encargadas, para decirlo con el sarcasmo
propiciado por su denominación, de la seguridad y el orden. Así en la ciudad
de México, como en el interior del país, podrían apiñarse expedientes por miles con las denuncias de ciudadanos q':le han sioo v,ejados por agentes de ~or
poraciones policiacas, ya sean "en cumplimiento de su deber" o actuando
por entero al margen de la ley. No se concibe casi la práctica policiaca sin su
parafernalia de instrumentos para la tortura, que ha creado lateralmente
hasta un vocabulario para denominarlos y para denotar las modalidades de
su uso y de sus consecuencias.
No sólo a delincuentes comunes se ha hecho víctimas de tortura a lo largo del tiempo. Esta ha sido especialmente cruel cuando se trata de presos o
perseguidos políticos. Abundan aquí los relatos en que se manifiesta vesanía
semejante la conocida ahora qÚe en Argentina se han descubierto los entretelones de la guer{a sucia. Aquí hemos tenido también la nuestra, si bien con
dimensiones y énfasis mucho menores que en la república platense. Pero nos
engañaríamos si negásemos que nuestros cuerpos de averiguación y represión
policiacos, judiciales y militares han incurrido en esas atroces rutinas en más
de una temporada y desde luego en mucho más que una oportunidad.
Se han documentado, por ejemplo, denuncias que hablan de cárceles
clandestinas en recintos no habilitados oficialmente como idóneos para ese
propósito, como el Campo Militar N°. Uno. Durante largo tiempo fue tabú,
generador de temores de toda clase, hablar de esas ergástulas. Hoy tiene que
dejar de ser así. Esa es una de las cuestiones que deben ventearse en ~1 proceso de discusión de los proyectos de ley contra la tortura. Sería de alto provecho para la sociedad el que se abrieran debates públicos para que personas, con gran responsabilidad, capaces de documentar sus propias situaciones, pudieran con libertad ofrecer el testimonio de sus padecimientos
en la tortura. Es probable que no pudiésemos escribir un expediente tan
aterrador como el informe Sábato, pero las historias de horror a que
podría~os asomarnos reforzarían la noción que ya cunde en el ánimo nacional contra la tortura.
Se precisa ese fortalecimiento de la conciencia pública porque es uno de
los ingredientes que permitirían un ataque frontal y eficaz contra los tormentos inferidos a personas que caen en manos de agentes de la autoridad. A
l~do de esa conciencia, es igualmente valiosa y necesaria la voluntad política
de incrementar las limitaciones legales contra esa práctica y, sobre todo, de.
castigar a los infractores de las nuevas y las antiguas normas sobre la materia.
Esa voluntad política no está clara por ahora. Por lo menos no lo está en
lo que hace a las sanciones de quienes han incurrido ya en delitos de maltrato
a detenidos, y que con arreglo a la legislación vigente podrían ser
legítimamente castigados. ~En la Procuraduría del Distrito Federal, para citar la situación más visible ante los usuarios de los medios de información, se
ha despedido a comandantes de grupo a los que se supone torturadores, o de
los que se sabe expecíficamente que lo son. Simplemente se les ha echado a la
calle, con lo que deja de procurarse la justicia precisamente allí donde debía
buscarse su plenitud.
La tortura no es flor que crezca en un ambiente ajeno a la violencia y a
la vulneración de los derechos humanos. Si no nos empeñamos todos, el gobierno en primer lugar, en la gestación de'un clima así, los esfuerzos legales
serán frustráneos, y un día seremos ya incapaces .de apartar de nosotros esa
prá~ica bárbara y degradante. Y todos seremos cómplices.
a
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