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Extensión
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4 fojas
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Resumen
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La iniciativa de reforma educativa del PAN, presentada por Hiram Luis de León Rodríguez, genera un debate político y académico. Propone cambios al artículo 3o. de la Constitución para permitir cuotas en educación superior y resaltar la libertad educativa. Mientras el PRI y el gobierno apoyan la fijación de cuotas, la UNAM y el CEU se oponen, intensificando el conflicto sobre el financiamiento y la autonomía universitaria..
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Tipo
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Borrador
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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de ~
especial para El Norte , edición del 14
1992
Educación, un tema para el debate y el enfrentamiento
miguel angel granados chapa
Cuando el diputado regiomontano Hiram Luis de León
Rodríguez, de Acción Nacional, leyó el 11 de junio la
iniciativa de reforma constitucional en materia educativa
formulada por su partido, estaba abriendo un nuevo ciclo de
debate sobre ese tema, que no estará marcado sólo por
discusiones parlamentarias o académicas, sino que ha tenido
ya, y tendrá en lo sucesivo, un rudo carácter de
enfrentamiento político.
De hecho, el debate había comenzado antes, en enero en
lo que hace a la enseñanza superior, y a partir del 18 de
mayo, cuando se suscribió el Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica. Lo singular de la
actual etapa es que estarán a discusión los dos aspectos,
porque el PAN ha propuesto una revisión integral del artículo
3o., si bien los problemas relativos al financiamiento de las
universidades públicas, y de la UNAM en particular, ocupará
el centro de la atención pública.
Cuando compareció ante los diputados, el 22 de mayo,
para explicar los alcances del Acuerdo Nacional, el
secretario de Educación Pública anunció, como de paso, que se
prpondría la reforma constitucional que permitiera establecer
la obligatoriedad de la enseñanza secundaria, anunciada en
dicho Acuerdo. No s preciso enmendar la Constitución para ese
efecto, por lo que dar cuenta de tal disposición de ánimo
político facilitó las inclinaciones ya existentes en dos
fracciones parlamentarias, la panista y la del PRD, para
trabajar sus propios proyectos de reforma educativa. Con base
en su amplia experiencia parlamentaria, los diputados de
Acción Nacional pudieron presentar su iniciativa el jueves
11, con lo que cualquier otro proyecto presentado con
posterioridad tendrá que ser dictaminado al menos
conjuntamente con el del PAN.
Al día siguiente, viernes 12, fue dado a conocer el
informe de la comisión de presupuestos del Consejo
Universitario de la UNAM. A solicitud del rector José
Sarukhán, presentada el 24 de enero, esa comisión hizo una
amplia consulta sobre una eventual modificación del
reglamento de pagos. Dicho de otro modo, exploró el - sentir
universitario sobre la posibilidad de fijar cuotas reales.
Concluida esa encomienda después de un proceso demasiado
lento y complicado, la comisión formuló doce recomendaciones
al Consejo. Estas debieron ser conocidas por dicho cuerpo
colegiado el propio viernes 12, por la tarde, pero cientos de
miembros del Consejo Estudiantil Universitario (CEU),
impidieron la sesión correspondiente. Alegaron, para proceder
de tal modo, su temor de que la presentación del informe
significara, al mismo tiempo, la modificación del reglamento.
Ese temor a un albazo, estaba por entero injustificada, pues
los procedimientos del Consejo obligan a transitar por
caminos muy rígidamente reglamentados. Cuando se discuta en
realidad la enmienda al reglamento de pagos, se verá si el
CEU insiste en inhibir el funcionamiento de un órgano de
gobierno universitario, lo que pondría en riesgo la
estabilidad de la institución, o se avendrá sólo a ofrecer
resistencia a lo que el Consejo acuerde.
Presentada la iniciativa panista simultáneamente con el
comienzo de esta etapa de la discusión en la UNAM, ambos
procesos quedarán mezclados, porque el proyecto de Acción
Nacional propone modificaciones que harían constitucional el
cobro por los servicios educativos. En efecto, los
adversarios de esta idea, el CEU particularmente, alegan que
la enseñanza superior debe ser gratuita, porque no la
exceptua la regla general expresada en la fracción VII del
artículo 3o, que dispone que la educación que imparta el
Estado será gratuita. Con base en ese texto, la posición
contraria a las cuotas reales en la UNAM quiere no sólo
impedir que éstas se fijen sino aun suprimir las ya muy
menguadas y hasta ridículas que actualmente se cobran. Aunque
es susceptible de interpretaciones, y se puede alegar que se
ha consentido por décadas el pago por los servicios de
enseñanza superior, lo cierto es que esa fracción VII es
esgrimida como un obstáculo.
La iniciativa del PAN permitiría franquearlo. Establece
su proyecto, en esa fracción que será gratuita no toda la
enseñanza, sino sólo la básica. Y luego, de modo más
explícito, en la fracción VIII, la que define las reglas
aplicables a las instituciones universitarias públicas,
Acción Nacional propone que se diga que dichas instituciones
son autónomas para establecer "las cuotas por sus servicios''.
Se incluye asimismo una cláusula según la cual "el Estado y
los particulares procurarán el establecimiento de patrimonios
permanentes en esa instituciones, a fin de grantizar su
desenvolvimiento adecuado y sus decisiones libres en función
de las tareas académicas".
Estas modificaciones a la tradición patrimonial
universitaria está sustentada en la exposición de motivos del
proyecto panista diciendo que "la verdadera autonomía
requiere apoyo económico del Estado y de la sociedad, sobre
todo en algunos de los grupos más dinámicos y que más
directamente se benefician de la educación superior. Ese
apoyo debe darse cada vez menos a través de subsidios anuales
y encontrando fórmulas para constituir patrimonios
permanentes en cada institución, los cuales serán una
garantía sólida del ejercicio de la autonomía".
(La fórmula panista contrasta en ese punto con la tesis
sostenida por la comisión de presupuestos de la UNAM, que de
modo enfático sostiene que "el Estado tiene la
responsabilidad de apoyarla para que cumpla cabalmente su
misión. Por lo tanto, la ampliación o diversificación de su
esquema de financiamiento no implica exmir ni relevar al
Estado de su obligación financiera hacia la Universidad". Más
todavía, la propia comisión expone la severa disminución del
subsidio federal asignado a la educación superior, pues en la
década de 1989 a 1990, pasó de ser el 0.68 del presupuesto
federal, al 0.43 por ciento).
Puesto que el PRI y el gobierno son abiertamente
partidarios de la fijación de cuotas reales, la iniciativa
panista puede ser útil a su propósito de pavimentar el camino
a esas medidas, eliminando de modo explícito la gratuidad de
la enseñanza superior. Eso permitiría el debate de la
iniciativa panista entera, que va mucho más allá de sólo
incluir la enseñanza secundaria entre los niveles que el
Estado se obliga a proporcionar.
En efecto, el meollo del proyecto panista, conforme a
una de sus tesis más reiteradas, es subrayar la noción de
libertad de enseñanza. Cita en su apoyo no sólo el texto
original de la Constitución de 1917, sino la más moderna
Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por
México, que atribuye a los padres "derecho preferente a
escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos".
También aduce el texto similar contenido en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
y la fórmula que en la Convención Americana de Derechos
Humanos reconoce a los padres el derecho de educar a sus
hijos "de acuerdo con sus propias convicciones".
En consecuencia, la iniciativa del PAN propone que la
fracción I del artículo tercero diga que "la educación será
libre" (en vez de que "el criterio que orientará a dicha
educación se mantendrá por completo ajeno a cualquier
doctrina religiosa"), y "por lo tanto corresponde a cada
individuo o, en su caso, a los padres de familia o tutores,
optar por el tipo de educación que consideren conveniente
para sus hijos o pupilos, sea de tipo laico o religioso". Una
negociación de última hora, no sé si interna en el grupo
parlamentario panista, o de éste con la mayoría del PRI
agregó a esta cláusula una línea, que hasta fue agregada con
una máquina de escribir distinta al resto del texto. "En todo
caso la que imparta el Estado será laica", dice el añadido,
lo cual entra en contradicción con el espíritu de la reforma,
pues ¿cómo se haría compatible el derecho familiar de escoger
el tipo de educación deseable con la obligación estatal de
que sea laica la que se imparta oficialmente? ¿Cuál sería la
situación del padre que desee, simultáneamente, educar a su
hijo en escuelas públicas y ofrecerle en ellas educación
religiosa?.
De cualquier modo, el proyecto panista refuerza esta
idea, al proponer que la fracción II disponga que "El Estado
--Federación, estados y municipios-- tornando en cuenta la
opinión de los padres de familia y maestros establecerá el
criterio que orientará a esa educación, que se basará en el
resultado del progreso científico y luchará contra la
ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y
los prejuicios". El texto vigente no admite la participación
de los padres ni el magisterio en la fijación de las pautas
educativas.
En la misma línea de subrayar la libertad educativa, los
diputados panistas propusieron establecer el "amparo
educativo". En efecto, la Constitución actual exceptua a las
autoridades del ramo del deber general de fundar y motivar
las resoluciones que retiren a un particular la autorización
para prestar el servicio educativo. Se trata de una facultad
discrecional, que puede ser arbitraria, y contra ella no
procede ninguna defensa jurídica. La proposición panista, en
cambio, dice que "El Estado, fundando su rsolución, podrá
otorgar, negar o retirar en cualquier tiempo las
autorizaciones para el funcionamiento de los planteles
particulares y el reconocimiento de validez oficial a los
estudios hechos en dichos planteles, dejando a salvo, en
tales actos, las garantías de audiencia y legalidad".
Apenas admitida a comisiones, esta iniciativa puede
quedar pendiente porque el periodo legislativo se aproxima a
su fin, ya que debe concluir el 15 de julio. Y si bien no es
deusado el apresuramiento, aun en materias en extremo
delicadas (el dictamen que suprime tres ceros a la moneda
mexicana, una medida que revolucionará la economía, pues no
es meramente formal, fue elaborado en apenas unas cuantas
horas), parece poco creíble que en este punto se actue con
frivolidad, sobre todo porque puede suscitar movilización
social que se empalme con la que ya está exacerbando los
ánimos en la UNAM, que es la principal institución
universitaria del país.
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Materia
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ReformaEducativa
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EnseñanzaSuperior
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EducaciónBásica
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AutonomíaUniversitaria
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LibertadEducativa
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DerechosHumanos
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ReformaConstitucional
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MovilizaciónSocial
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FinanciamientoEducativo
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Persona o institución mencionada
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Hiram Luis de León Rodríguez
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Acción Nacional
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José Sarukhán
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CEU
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UNAM
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PRI
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PAN
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PRD
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Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales
