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Extensión
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4 fojas
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Resumen
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Las elecciones locales en Michoacán y otros estados muestran persistentes problemas en el sistema electoral, con el PRI enfrentando resistencia y división interna. a pesar de avances, el PAN ha consolidado su poder en Baja California. La falta de transparencia y la violencia política complican aún más la situación, sugiriendo la necesidad de un gobernador interino para resolver la crisis..
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Tipo
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Borrador
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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especial para El Norte, edición del 9 de agosto de 1992
Baja California, Durango, Michoacán:
dolencias de la democracia electoral
miguel ángel granados chapa
Hace ya un mes que se efectuaron las elecciones locales
en Michoacán, y la dolencia que produjeron sigue viva y
punzante. Y a ella se han añadido otras, causadas por los
comicios del dos de agosto. Y es que, a pesar de algunos
avances en los mecanismos electorales, la situación de fondo
sigue siendo la misma que hace treinta y veinte y diez años:
un partido estatal, dominante, todopoderoso, rige un sistema
electoral que lo favorece, y contra el cual luchan con
diversos grados de éxito las fuerzas creyentes en que la
democracia exige, por lo menos, equidad entre partidos en el
sistema electoral.
Como lo previmos hace dos semanas, las entidades donde
se produjo un cotejo de fuerzas más parejo, fueron Baja
California y Durango. De ser ciertas las denuncias priístas
en el primer caso, y de no ser grave la situación que de ello
se derivara, podría decirse con una sonrisa maliciosa que el
partido oficial está recibiendo una sopa de su propio
chocolate; que ahora sabe cómo se las gastan las autoridades
que actuan con ánimo partidario y no con imparcialidad; y que
el PAN-gobierno es sólo una versión distinta del PRIgobierno. Pero colocados en la perspectiva de seriedad con
que es preciso abordar este asunto, debe decirse que el
gobierno panista enseñó como se pueden organizar elecciones
con apego a derecho. Los alegatos priístas derivan, sólo, de
su dificultad para vivir fuera del aparato estatal, de su
necesidad de petardear la credibilidad de la administración
panista, y de los intereses particulares de los jefes de ese
partido en la entidad.
Esto último tiene importancia. Los adversos resultados
que el PRI está resintiendo en Baja California surgen de la
capacidad panista para ganar votos y para evidenciar que los
obtuvieron, pero también de una fuerte pugna interna en el
PRI. Haga usted sus propios cálculos: el coordinador priísta
en la entidad es Orlando Arvizu, un ex diputado que fue
secretario de prensa del comité nacional priísta encabezado
por Luis Donaldo Colosio, con cuyo interés sigue vinculado.
Arvizu dijo que Borrego tiene la culpa de los resultados
adversos, porque anticipó que el PAN podía ganar, a dos días
de que se efectuaran las elecciones. Borrego, por supuesto,
no hizo tal cosa. Peo Zeta, el semanario dirigido por Jesús
Blancornelas, interpretó como dicho por el presidente priísta
lo que se dice en un documento de ese partido, filtrado muy
probablemente por el secretario de Acción Electoral, el
diputado chiapaneco César Augusto Santiago, al que por eso a
estas horas deben haberle ya pedido la renuncia. Por si fuera
poco, su segundo de a bordo, el subsecretario de Acción
Electoral y diputado bajacaliforniano, Amador Rodríguez
Lozano, acaba de recibir un portazo en la nariz propinado por
sus propios compañeros. Boquiflojo y prepotente, Rodríguez
Lozano anunció que su partido recurriría a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos a impugnar el proceso
electoral en su tierra. Antes de 24 horas estaba siendo
desautorizado por el comité nacional de su partido. Por un
lado, era preciso subsanar el error de un despechado que
anuncia el empleo de instrumentos que su partido ha
censurado, y que además en caso de ser realmente usados
podrían ser contraproducentes. Por otra parte, se aprovecha
el pretexto para imponerle un tapabocas, que sea el preámbulo
de su defenestración, junto con la de su jefe y amigo César
Augusto Santiago. Pero el PRI no padece sólo esa división.
También están presentes en la entidad los intereses del
secretario de Educación Pública, al que se reputa oriundo de
este lugar y hace sus pininos como cacique electoral. Eso, al
menos, es lo que se desprende del modo en que el líder del
priísmo local se refiere a él. Asegura que sólo obedece
órdenes del jefe Zedillo.
Más allá del chismorreo en la cocina priísta, está la
realidad electoral. En Baja California Acción Nacional se ha
consolidado omo partido gobernante. El triunfo de 1989 no fue
casual, como se va viendo ahora, o fue bien aprovechado. El
año pasado el PAN logró en esa península un triunfo opuesto a
la tendencia general que en todo el país favoreció al PRI. El
resultado fue significativo, pero no anunciaba cabalmente lo
que aconteció el domingo pasado. De haber vivido bajo los
cánones tradicionales, el PRI habría recuperado las alcaldías
perdidas hace tres años, y reconquistado plenamente la
legislatura loca, para ostentar de nuevo su condición de
partido dominante. Pero esa corresponde ahora a Acción
Nacional, que no sólo mantuvo bajo su administración las
alcaldías de Tijuana y Ensenada, sino que avanzó a Tecate. Y
si bien no conservará la facilidad legislativa que hasta
ahora lo benefició, no sucumbió ante la aplanadora que en
otro tiempo fue el partido oficial.
Por desgracia, ese avance en la disputa de la sociedad
contra el partido estatal se está viendo nublado por las
resistencias del priísmo a acatar los resultados de las
urnas. No han faltado acciones violentas, que pueden
multiplicarse, para generar un clima que haga reproducir las
condiciones para un nuevo 1968: en Baja California, esa fecha
no evoca las movilizaciones estudiantiles que en la ciudad de
México y otras ciudades importantes conmovieron a la
población. En aquel año, ante un rotundo triunfo panista, el
PRI y el gobierno resolvieron anular las elecciones en
Tijuana y Mexicali, para evitar que gobernara el panismo.
En Durango, un priísimo altanero como el de aquella
época fue puesto a funcionar 24 años después. Con todo y los
mecanismos de presión a los votantes, y la práctica de
métodos fraudulentos tradicionales, el candidato del PRI a la
gubernatura no alcanzó los doscientos mil votos que
presuntamente fueron depositados en favor de ese partido en
1991. La diferencia entre el número de sufragios reconocido
al PAN y los que se anotaron en favor del PRI es de alrededor
de cuarenta mil, que es igualmente la cifra manejada por el
candidato de la coalición PAN-PRD, Rodolfo Elizondo como la
de votos anulables en la cuenta priísta. O sea que si los
recursos interpuestos (que corresponden a 17 de los 39
municipios) fueran legalmente cursados y resueltos en el
tenor solicitado por la alianza opositora, habría una mínima
diferencia entre los dos candidatos, y quizá no en favor de
Maximiliano Silerio Esparza.
El PRI asegura que el video presentado por el PAN para
comprobar la Operación Menudo falsifica la realidad, porque
el desayuno que se muestra, si bien realmente correspondió a
un acto de promoción del voto, no se practicó sino en ese
preciso caso, y no como una estrategia general. El partido
blanquiazul habló de esta nueva versión del desayunismo como
de una variante norteña de la Operación Tamal, que el año
pasado rindió tan buenos furtos al PRI. Una y otra consisten
en reunir a grupos de votantes a desayunar, no frugalmente, y
en llevarlos a continuación a las urnas, para que entre
eruptos de satisfacción muestren su gratitud a los
patrocnadores del abundoso piscolabis. Muchas otras formas de
coacción fueron praxcticadas, y eso ha llevado a los
partidarios de Elizondo a un estado de tensión grave, pues no
quieren padecer por una segunda vez la imposición fraudulenta
de un gobernador.
En Michoacán se camina hacia la colisión, que parece
inevitable. Salvo que se abra paso la inquietud, de la que ya
hablan jerarcas priístas, sobre la gobernabilidad del estado
en caso de que al calificar las elecciones la legislatura
local confiera a Eduardo Villaseñor el carácter de gobernador
electo, pareciera que el gobierno está resuelto a hacerlo
sentar en la silla principal de Morelia. Para oponerse a esa
decisión, anteayer viernes y ayer sábado se realizaron
grandes concentraciones de perredistas en la capital
michoacana. En previsión de la segunda de esas reuniones
multitudinarias, el gobernador Genovevo Figueroa fue obligado
a modificar su rutina, y canceló la ceremonia en que debía
haber rendido su último informe de gobierno. Todo estaba
listo para que lo hiciera el sábado 8. Las invitaciones se
habían remitido, la propaganda se había distribuido, y se
sabía que el enviado presidencial era el secretario de
Comunbicaciones y Trnspoortes, Andrés Caso. Pero ante la
inminencia de una protesta masiva contra el gobernador,
semejante a la que aturrulló en septiembre de 1991 a
Leopoldino Santos en San Luis Potosí, donde se produjeron
zarandeos, ayer no hubo informe a la usanza tradicional.
Sea que la proposición de cotejar actas surgiera de una
actitud de honestidad política, y en los mismos términos
hubiera sido aceptada, sea que se tratara de una táctica
dilatoria, unilateral o establecida como un valor entendido,
lo cierto es que ese mecanismo se frustró. Era impracticable,
pero denotaba una voluntad de transparentar los resultados.
No habiéndose realizado, el problema electoral sigue vigente
(pues el Congreso estatal está apenas a punto de reunirse
para calificar su propia elección y la de gobernador) y se ha
avivado el problema político que consiste en hacer que
coexistan fuerzas políticas antagónicas y potentes. En
realidad, este último calificativo puede aplicarse sólo al
perredismo, que tiene una capacidad real de movilización.
"Con sólo el diez por ciento de ellos que estén en pie de
lucha --calculó un eminente priísta--, el problema es
mayúsculo". Y aunque no lo estuvieran, la existencia de una
corriente política dotada de esa densidad humana introduce un
factor que no se puede manejar con los criterios
tradicionales. Claro que conforme a la ley la minoría debe
acatar el dictado de la mayoría. Pero cuando ésta sde ha
formado con procedimientos puestos en entredicho, la verdad
es imposible de conocer. Por eso se abre paso la idea de que
habrá un gobernador interino, que no pertenezca al PRI ni al
PRD, para que la solución no sea copia calcada de Guanajuato
o San Luis Potosí.
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Materia
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Democracia Electoral
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Situación Actual
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División Interna
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Resultados Electorales
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Resistencia Priísta
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Problema Político
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Gobernador Interino
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Persona o institución mencionada
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PRI
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PAN
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Orlando Arvizu
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Luis Donaldo Colosio
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Jesús Blancornelas
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César Augusto Santiago
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Amador Rodríguez Lozano
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Andrés Caso
