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Extensión
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4 fojas
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Resumen
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha venido incrementando su clientela mexicana. Hasta hace diez años, su existencia era ignorada aun en los ambientes jurídicos y políticos, o vista como una institución necesaria sólo para los países sometidos a regímenes militares o víctimas de un atraso del que, nos ufanábamos, México se hallaba distante..
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Tipo
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Borrador
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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plaza pública
para la edición del 1O de julio de 1995
Contratistas perjudicados
miguel ángel granados chapa
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) ha venido incrementando su clientela mexicana.
Hasta hace diez años, su existencia era ignorada aun en los
ambientes jurídicos y políticos, o vista como una institución
necesaria sólo para los países sometidos a regímenes
militares o víctimas de un atraso del que, nos ufanábamos,
México se hallaba distante.
De pronto, sin embargo, el Partido Acción Nacional
abrió la brecha que conduce a la sede de esa oficina de la
Organización de Estados Americanos. Acudir a instancias
internacionales en pos de una justicia electoral denegada
escandalizó a muchos, y a otros pareció ineficaz. Pero ese
paso puso al de México en semejantes circunstancias a las
de otros gobiernos en nuestro continente. El mito de que sus
instituciones eran tan perfectas que no requerían supervisión
internacional se vino abajo. Desde entonces, el ámbito de la
atención de la CIDH a reclamos mexicanos se ha ampliado.
El señor Aulio Cebrián, por ejemplo, que libró durante largo
tiempo una dura batalla contra instituciones bancarias
regiomontanas y una multitud de tribunales, se presentó ante
esa Comisión Interamericana para demandar respeto a sus
derechos como procesado injustamente en perjuicio de su
libertad y de su buen nombre.
Ahora ha acudido a ella el ingeniero Jaime Aréchiga, un
contratista de obras públicas cuya empresa fue arruinada por
punibles comportamientos de oficinas gubernamentales
incapaces de asumir sus compromisos. Agravaron su
situación actos de órganos de la justicia mexicana
igualmente en incapacidad de aplicar la ley en beneficio de
una víctima, cuyo único delito fue pretender obrar con
rectitud en ambientres donde domina la corrupción.
A título personal, o en nombre de Constructora San
Cristobal (nombre del principal cerro de la sierra de
Pachuca, ciudad donde vive el reclamante), Aréchiga ganó
varios concursos que más le hubiera valido perder. En 1987
contrató con la secretaría de desarrollo social del gobierno
de Hidalgo la construcción de dos escuelas secundarias.
Debido a la lentitud de la tramitación burocrática, entre el
momento de la asignación del contrato y su firma, la
inflación galopante que ese año se cebó especialmente sobre
nuestra economía, incrementó de tal modo los costos que
hizo inviable el negocio para Aréchiga. Al año siguiente, el
Instituto Mexicano del Seguro Social rescindió
unilateralmente contratos con esa empresa para la
ampliación de sus clínicas en Huejutla, Zacualtipan y
Metepec, todo en el estado de Hidalgo. Al perjuicio
financiero causado por esa decisión se agregó la pérdida
material de herramienta, materiales y equipo que a la
constructora le fue impedido recuperar. En fin, en ese mismo
año de 1988 Aréchiga contrató con Fertilizantes Mexicanos,
una empresa pública ahora desaparecida, obras en su plante
de Minatitlán. Tras la suspensión del pago de las
estimaciones, el contrato fue rescindido también
unilateralmente.
Se dirá que son demasiadas coincidencias y que
habiendo un elemento común en esos casos, Aréchiga y su
compañía, en esa circunstancia habría que buscar la causa de
los percances que lo llevaron a la quiebra. Pero no es así.
Debe decirse, por un lado, que es frecuente la aparición de
obstáculos artificiales en la ejecución de obras públicas,
destinada a generar pagos extraordinarios por los contratistas
a los contratantes, especialmente cuando los concursos se
asigan no a favoritos sino a quienes los ganan en buena lid.
Pero en vez de allanarse el camino mediante la mordida
tradicional, Aréchiga resolvió defender sus derechos en los
tribunales y ante los órganos de contraloría administrativa.
Eso ha permitido saber que no son atribuibles a él y su
empresa las causas de la rescisión, porque en varios
momentos las oficinas supervisoras y los tribunales
reconocieron la justicia de su causa. Pero cuando se trató de
hacer cumplir ese género de resoluciones, el demandante
topó con la cerrazón de autoridades renuentes a acatar los
fallos, o con la sumisión de jueces que no quieren
malquistarse con sus superiores.
Fertimex desapareció, y sus obligaciones deberían ser
admitidas por el fideicomiso liquidador operado por la
Secretaría de Hacienda, pero no lo ha hecho, por lo cual no
se le pagado al quejoso el finiquito correspondiente. En el
caso de su litigio con el gobierno de Hidalgo, Aréchiga
acaba de recibir un arbitrario golpe adverso de la justicia
federal, que le negó el amparo, uno de los muchos recursos
de que ha echado mano. Con un formalismo que la Comisión
Interamericana justipreciará, un tribunal colegiado soltó una
perla jurídica inestimable: Aduciendo que en el caso que se
le presenta no opera la suplencia de la queja (es decir, el
mecanismo por el cual el juzgador puede mejorar la
demanda del quejoso, en su beneficio, para darle eficacia)
concluye que " lo considerado por la (autoridad) responsable,
acertado o no, debe seguir rigiendo" . También dice la
sentencia, en otro pasaje, que si bien "la autoridad
responsable' erroneamente consideró" tal o cual cosa, esa
alegación "es fundada, pero inoperante" .
Es lamentable, y ojalá sea inexacta, la conclusión que se
impone en estos casos, y que consiste en decir que no
habiendo justicia aquí, hay que buscarla en otra parte.
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Materia
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Aulio Cebrián
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Persona o institución mencionada
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Contratistas perjudicados
