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Extensión
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1 foja
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Resumen
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Está empezando a circular el libro Derecho.
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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plaza pública para la edición del 14 de septiembre de 1994
Justicia dispareja
miguel ángel granados chapa
Los protagonistas de los escándalos financieros en
curso, Julio Mariscal y Carlos Cabal Peniche, dueños o
controladores de Havre y Unión-Cremi, están en libertad, y
lo estarán por largo tiempo, pues no pareció haber nunca la
decisión de aprehenderlos, a pesar de las acusaciones en su
contra Tal situación es muy clara en relación al menos con el
todavía presidente del consejo de Fresh Del Monte Produce.
Este acudió repetidamente ante las autoridades
hacendarias en las semanas anteriores al estallido del caso en
que es actor principal. Estuvo al tanto de las inspecciones
que se realizaban a su cuentas, y hasta previó con razonable
anticipación que se libraría contra él orden de aprehensión.
Por eso, con fecha primero de septiembre contrató los
servicios del licenciado Juan Velázquez, experto penalista.
Hacerlo su apoderado fue quizá el último acto jurídico que
realizó antes de desaparecer, presumiblemente viajando fuera
de México. Transcurrieron el jueves completo, viernes,
sábado y casi todo el lunes, y sólo al cabo de ese día, 5 de
septiembre, se informó de la intervención gerencial a los
bancos mencionados, y de la aprehensión de los funcionarios
que se presume acompañaron a Cabal en la comisión de los
delitos de que se les acusa. Digamos incidentalmente que
acaso éstos tienen motivos para sentirse traicionados, pues
su jefe no los enteró de los acontecimientos que se
fraguaban , aunque él sí se puso a distancia del brazo ejecutor
de la justicia.
Cabal está en obvia comunicación con su abogado
defensor, quien anunció ya que no lo presentará pronto. El
abogado Velázquez es uno de los penalistas más diestros y
más exitosos, y por lo tanto ha diseñado una estrategia
eficaz para el interés de su defendido. Su padre, don Víctor
Velázquez, protagonizó algunas de las causas penales de
mayores repercusiones en la vida pública mexicana en las
décadas de los cincuenta y los sesenta. El heredero de su
sapiencia cuenta ya en su breve historial con un volumen
significativo de casos célebres. El defendió, por ejemplo, al
general Arturo Durazo Moreno, y actualmente representa el
interés de la señora viuda de Colosio en la indagación sobre
el asesinato del candic;iato presidencial del PRI.
Velázquez se propone impedir que una acusación
superveniente obligue a su cliente a permanecer en la cárcel.
Ante los delitos de que está ahora acusado, puede obtener su
libertad bajo fianza, pues se abandonó ya el principio que
condicionaba tal situación legal, en los delitos patrimoniales,
al monto involucrado en el ilícito. En las reformas al
procedimiento penal que entraron en vigor en febrero de
este año, dejó de regir el principio general que establecía el
derecho a la libertad provisional con base en un cálculo
aritmético. Se obtenía el promedio de la pena aplicable al
delito, y procedía dicha libertad cuando la media se situaba
de cinco años de prisión hacia abajo. Ahora se estipula un
criterio más general, consistente en vedar previamente la
fianza en los delitos graves, definidos como tales en cada
caso. Por exclusión, en consecuencia, en los que no son
graves hay derecho a esa clase de libertad.
El criterio en general es atendible, pues entre otras
cosas evita que permanezcan en prisión, durante el proceso,
presuntos delincuentes cuya peligrosidad es nula. Pero en la
práctica puede conducir a uno de los peores excesos de la
administración judicial, que es la compra de la libertad, ya
que a eso y no a otra cosa suena el que dejen la prisión
quienes puedan cubrir el monto de una fianza. Eso propicia
la justicia dispareja.
La justicia dispareja es una de las peores formas de
injusticia. A reserva de ocuparnos in extenso, más adelante,
en el conmovedor caso de la señora Esperanza Ortega
Bustamante, cabe recordarlo como contraste con la situación
de quienes, con dinero y buena asistencia legal (es decir, con
dinero). El caso de la señora Ortega Bustamante ha suscitado
una diferencia entre el Tribunal Superior de 1usticia, y la
Comisión de Derechos Humanos, ambos del
Distrito
Federal, que debe ser abordado por la trascendencia de los
valores implicados. Ocurre que una juez penal encarceló a
doña Esperanza, acusada de daño en propiedad ajena por
vecinos melindrosos, a pesar de que su avanzada edad, 75
años, la hacía mereedora, conforme a la ley, de un trato
especial. Como consecuencia de esa desatinada decisión
judicial, la señora Ortega Bustamante cayó en una depresión
a consecuencia de la cual murió meses después.
cajón de sastre
Está empezando a circular el libro Derecho electoral
mexicano, del doctor Javier Patiño Camarena. Por ahora
sólo damos cuenta de la oportuna aparición de esta obra, que
sin duda será un valioso aporte a la comprensión del proceso
electoral en curso, por la doble circunstancia de que el autor
es un académico de relieve, y es miembro ahora del Tribunal
Federal Electoral, en cuya sala central es magistrado. En el
capítulo respectivo, Patiño Camarena concluye que la
consolidación de dicho Tribunal "dependerá de que a través
de su actuación coadyuve a generar una atmósfera de
seguridad e imparcialidad jurídica que haga posible que los
partidos políticos diriman sus discrepancias y controversias
en el marco institucional y no a través de corredores laterales
y al margen de la legalidad". El libro fue editado por el
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad
Nacional, a cuya planta ha pertenecido el autor.
indicaciones para la edición
1) Sumario
Comprar la libertad es una de las manifestaciones más
inequitativas de las prácticas permitidas por una
administración judicial adulterada, pues salvo el caso de
delitos graves entrar en la cárcel sólo quien carece de medios
para la fianza y la defensa.
2) Recuadro (con foto de Juan Velázquez)
Hijo de don Víctor Velázquez, el abogado defensor de
Carlos Cabal Peniche, el licenciado Juan Velázquez,
patrocinó también la causa del general Arturo Durazo
Moreno, y ahora gestiona el interés de los deudos de Luis
Donaldo Colosio.
Miércoles 14 de septiembre de 1994, REFORMA i A
PLAZA PúBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
Justicia dispareja
Comprar la libertad es una de las manifestaciones
rnás inequitativas de las prácticas permitidas por
una administración judicial adulterada, pues salvo el caso de delitos graves entra en la cárcel sólo ·
quien carece de medios para la fianza y la defensa.
Los protagonistas de los escándalos financieros en curso, Julio Mariscal y Carlos
Cabal Peniche, dueños o controladores de
Havre y Unión-Cremi, están en libertad, y lo
estarán por largo tiempo, pues no pareció
haber nunca la decisión de aprehenderlos,
a pesar de las acusaciones en su contra. Tal
situación es muy clara en relación al menos
con el todavía presidente del consejo de
Fresh Del Monte Produce.
Este acudió repetidamente ante las autoridades hacendarías en las semanas anteriores al estallido del caso en que es actor
principal. Estuvo al tanto de las inspecciones que se realizaban a sus cuentas, y hasta previó con razonable anticipación que se
libraría contra él orden de aprehensión.
Por eso, con fecha primero de septiembre contrató los servicios del licenciado
Juan Velázquez, experto penalista. Hacerlo su apoderado fue quizá el último acto jurídico que realizó antes de desaparecer,
presumiblemente viajando fuera de México. Transcurrieron el jueves completo, viernes, sábado y casi todo el lunes, y sólo al cabo de ese día, S de septiembre, se informó
de la intervención gerencial a los bancos
mencionados, y de la aprehensión de los
funcionarios que se presume acompañaron
a Cabal en la comisión de los delitos de que
se les acusa. Digamos incidentalmente que
acaso éstos tienen motivos para sentirse
traicionados, pues su jefe no los enteró de
los acontecimientos que se fraguaban, aunque él si se puso a distancia del brazo ejecutor de la justicia.
Cabal está en obvia comunicación con su
abogado defensor, quien anunció ya que no
lo presentará pronto. El abogado Velázquez
es uno de los penalistas más diestros y más
exitosos, y por lo tanto ha diseñado una estrategia eficaz para el interés de su defendido. Su padre, don Víctor Velázquez, protagonizó algunas de las causas penales de mayores repercusiones en la vida pública
mexicana en las décadas de los cincuenta y
los sesenta. El heredero de su sapiencia
cuenta ya en su breve historial con un volumen significativo de casos célebres. El defendió, por ejemplo, al general Arturo Durazo Moreno, y actualmente representa el interés de la señora viuda de Colosio en la
indagación sobre el asesinato del candidato
presidencial del PRI.
Velázquez se propone impedir que una
acusación superveniente obligue a su clien1
te a permanecer en la cárcel.
Ante los delitos de que está ahora acusado, puede obtener su libertad bajo fianza,
pues se abandonó ya el principio que condicionaba tal situación legal, en los delitos patrimoniales, al monto involucrado en el ilícito. En las reformas al procedimiento penal
que entraron en vigor en febrero de este
año, dejó de regir el principio general que
establecía el derecho a la libertad provisional con base en un cálculo ahtmético. Se obtenía el promedio de la pena aplicable al delito, y procedía dicha libertad cuando la media se situaba de cinco años de prisión hacia
abajo. Ahora se estipula un criterio más general, consistente en vedar previamente la
fianza en los delitos graves, definidos como
1
Hijo de don Víctor Velázquez, el
abogado defensor de Carlos Cabal Peniche, el licenciado Juan
Velázquez, patrocinó también la
causa del general Arturo Durazo
Moreno, y ahora gestiona el interés de los deudos de Luis Donaldo
Colosio.
tales en cada caso. Por exclusión, en consecuencia, en bs que no son graves hay derecho a esa clase de libertad.
El criterio en general es atendible, pues
entre otras cosas evita que permanezcan
en prisión, durante el proceso, presuntos
delincuentes cuya peligrosidad es nula. Pero en la práctica puede conducir a uno de
los peores excesos de la administración judicial, que es la compra de la libertad, ya
que a eso y no a otra cosa suena el que dejen la prisión quienes puedan cubrir el
monto de una fianza. Eso propicia la justicia dispareja.
La justicia dispareja es una de las peores
formas de injusticia. A reserva de ocuparnos
in extenso, más adelante, en el conmovedor
caso de la señora Esperanza Ortega Bustamante, cabe recordarlo como contraste con
la situación de quienes, con dinero y buena
asistencia legal (es decir, con dinero compran su libertad). El caso de la señora Ortega Bustamante ha suscitado una diferencia
entre el Tribunal Superior de Justicia, y la
Comisión de Derechos Humanos, ambos del
Distrito Federal, que debe ser abordado por
la trascendencia de los valores implicados.
Ocurre que una juez penal encarceló a doña
Esperanza, acusada de daño en propiedad
ajena por vecinos melindrosos, a pesar de
que su avanzada edad, 7S años, la hacía merecedora, conforme a la ley, de un trato especial. Como consecuencia de esa desatinada decisión judicial, la señora Ortega Bustamante cayó en una depresión a consecuencia
de la cual murió meses después.
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CAJÓN DE SASTRE
stá empezando a circular el libro
E
recho electoral mexicano, del doctor
Javier Patiño Camarena. Por ahora sólo
De-
damos cuenta de la oportuna aparición de
esta obra, que sin duda será un valioso
aporte a la comprensión del proceso electoral en curso, por la doble circunstancia
de que el autor es un académico de relieve, y es miembro ahora del Tribunal Federal Electoral, en cuya sala central es magistrado. En el capítulo respectivo, Patiño
Camarena concluye que la consolidación
de dicho Tribunal "dependerá de que a través de su actuación coadyuve a generar
una atmósfera de seguridad e imparcialidad jurídica que haga posible que los partidos políticos diriman sus discrepancias y
controversias en el marco institucional y
no a través de corredores laterales y al
margen de la legalidad". El libro fue editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, a cuya
planta ha pertenecido el autor.
