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Extensión
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1 foja
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Resumen
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A unque el asunto compete por diversas razones legales y políticas a la Secretaría de Gobernación, fueron la Comisión de Competencia Económica y el propio presidente de la República quienes abordaron en público el conflicto planteado al diario Reforma por la Unión de Voceadores..
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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Plaza pública
para laledición del 1Ode noviembre de 1994
1 Colegio
reprobado
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Miguel An~el Grd't1ados Chapa
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En 1982, todos los grupos parlamentarios aprobaron
en el colegio electoral el dibta~en que hizo al 6lndidato
'Miguel de la Madrid Presidente d~ la República. Seis
año~ más tarde, sólo el PRI sostuvo lal declaratoria
correspondiente,! pues el PAN votó en contra y los
partid~s del Fren~e Democrático Nacional, en lo que
fiespués descubrieron como un error, salieron del salün
ant~s de que se emitieran los votos. Al alba de ayer, sólo
el PRI, cdmo fracción completa (más algunos agregados
de escasa monta numéri~a) aprobó ~1 acuetdo, que
también había elaborado a solas.IEsta vez el Partido dt! la
~evblució'nl Dérlio~nifi~all (4~11edl l~ohlúrl cdhl éll FDN
tiene el haber postuladd 1al ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas) permarfeció en la sala y demandó la anulación
de las elec~iones, mientras que Acción Nacional, que lo
hizo en 1988, en esta oportbnidad se abstuvo de \rotar,
aunque no se ausentó de na Cámara.
ILas características de la prolongada sesión iniciada
al mediodía del martes 8 y {;oncluida al amanecer del
miércoles 9 han puesto de nuevo en el ambiente la
cuestión del cole~o electoral como instrumento de la
calificación. Ya reliminada esa práctica respecto de
diputados y senadores, una evolución natural del asunto
ccJnduciríal probablemente, a la supresión del colegio
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relativo a los comicios presidenciales. Tal como ya
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<!ómputo lle votos, decláración de validez y ert\isión della
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alternativo esa fasel del pro~so podría qw:!dar encargada
al consejo general del IFE. Y tallcomo s~ ha hecho ahora
respectd d~ la integración del Congreso (y la Asamblea
dell DF), podrícl quedar abiérta üna instancia
jurisdicciona~ a través fiel Tribunal Federal Electoral.
1 Los partidos minoritarios, sin embargo, perderían lo
que aca~o es el único mérito de la attu<Jl forma de
calificación presidencial, que es la posibilidad de un
debate públito, prolijo y ~rolongadol lo que equivale,
como s~ ha dichb en! lalpfopia tfibuna parlamen~aria, a
ejercer el derecho al pataleo.J>ero habría-que preguntarse
si tal derecho tiene <llgún sentido, más allá d-e s~tisfacer
el ansia oratoria (p6r lo demás explicable y hasta
justificada) de los !legisladores debutfultes. Y 1 es que
'dentro del lrecinto, mu~ pocos entre los presentes dedi~an
plena atención al debate, y los medios de difusión se ven
tlbligados a hacer una selección de la profusa prosa
verti'da en tomo de una cuestión que no pot su defit!iente
abordamiento deja de ser crucial.l
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En el caso 1 de que se modificara el sistema de
calificación, los partiHos y sus candidatos podrían ser
recibnidos en la i/\stancia ihicial, la que no de'pende de la
estricta aplicación del derecho, par~ que ex~usieran lo
que a sulderecho convenga. Nol debit!ra serl extraño, y
rbucho menos ridículo, qu~ los aspirantes presidenciale's
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busquen estar presentes en la punta final del proceso.
Supl'>ner lo contrario significa st!primir todo val~ al acto
de lcalificacion, reduciéhdolo a tfn mero trámite frente al
cual carece de sentido adoptar una posición crítica.
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El comportamiento dellos tres ~artidos principales en
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· (én el casol del PAN y el PR!D) ~su ~pro
antecedente más inmediato. Acción Nacional fundó su
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política", según exp'licó el líder del grupo parlamentarid,
~ntonio Lbzano,l para no emifir 1 "u'n voto que
descalifique todo él proceso y sus resultados", 1 y
rehusars~ al mismo tit!mpo, a darlo "como aval para
soslayar injusticias e ineq'tlidades que aun prevalec'en".
El PRD sel basó en el ale~ato pani~ta de bate seis años
para formular el suyo propi9 que caminó en pos de la
knulación de las elecc'ion~s. Escogió el camino de la
analogía con las causales que 1permiten invalidar
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donde c./e..-y+~s
irregularidades en el veinte por ciento de las casillas del
territorio correspondiente ftferzan a declarar la nulidad.
Aunque su poslición no fue siquiera escuchada por la
maydría, el ~sfuerzo de informa~ión en que se furtdó no
detiiera caer en tierra estéril, por más t¡ue carezca de
eficacia jurídica. Si el PRD encllentra corll documentos y
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1 El PRI, ed fin, consi~uió sin ~ás dificultad que el
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Jueves 10 de noviembre de 1994, REFORMA
PLAZA PúBLICA
MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
Colegio re prohado
Tal vez ha perdido todo valor el actual formato
de la calificación electoral, realizada por un
colegio que no oye los puntos de-vista opuestos a
un dictamen formulado unilate lmente. Quizá
haya que pasar a un mecanismo de doble
instancia, no parlamentario, en que se escuche
con atención a los protagonistaS:
En 1982, todos los grupos parlamentarios
aprobaron en el colegio electoral el dictamen
que hizo al candidato Miguel de la Madrid
presidente de la República. Seis años más
tarde, sólo el PRl sostuvo la declaratoria correspondiente, pues el PAN votó en contra y
los partidos del Frente Democrático Nacional, en lo que después descubrieron como un
error, salieron del salón antes de que se emitieran los votos. Al alba de ayer, sólo el PRl,
como fracción completa (más algunos agregados de escasa monta numérica) aprobó el
acuerdo que también había elaborado a solas. Esta vez el Partido de la Revolución Democrática (que en común con el FDN tiene el
haber postulado al ingeniero Cuauhtémoc
Cárdenas) permaneció en la sala y demandó
la anulación de las elecciones, mientras que
Acción Nacional, que lo hizo en 1988, en esta oportunidad se abstuvo de votar, aunque
no se ausentó de la Cámara.
Las características de la prolongada sesión iniciada al mediodía del martes 8 y concluida al amanecer del miércoles 9 han
puesto de nuevo en el ambiente la cuestión
del colegio electoral como instrumento de la
calificación. Ya eliminada esa práctica respecto de diputados y senadores, una evolución natural del asunto conduciría probablemente, a la supresión del colegio relativo a los comicios presidenciales. Tal como
ya ocurrió en este proceso en las elecciones
legislativas, quizá el mecanismo análogo a
la calificación (que incluye cómputo de votos, declaración de validez y emisión de la
constancia de mayoría), quizá en un procedimiento alternativo esa fase del proceso podría quedar encargada al consejo general
del IFE. Y tal como se ha hecho ahora respecto de la integración del Congreso (y la
Asamblea del DF), podría quedar abierta
una instancia jurisdiccional a través del Tribunal Federal Electoral.
Los partidos minoritarios, sin embargo,
perderían lo que acaso es el único mérito de
la actual forma de calificación presidencial,
que es la posibilidad de un debate público,
prolijo y prolongado, lo que equivale, como
se ha dicho en la propia tribuna parlamenaria, a ejer cer el derecho al pataleo. Pero
habría que preguntarse si tal derecho tiene
algún sentido, más allá de satisfacer el ansia oratoria (por lo demás explicable y hasta justificada) de los legisladores debutantes. Y es que dentro del recinto, muy pocos
entre los presentes dedican plena atención
al debate, y los medios de difusión se ven
obligados a hacer una selección de la profusa prosa vertida en torno de una cuestión
que no por su deficiente abordamiento deja
de ser crucial.
En el caso de que se modificara el sistema de calificación, los partidos y sus candidatos podrían ser recibidos en la instancia
inicial, la que no depende de la estricta aplicación del derecho, para que expusieran lo
que a su derecho convenga. No debiera ser
extraño, y mucho menos ridículo, que los aspirantes presidenciales busquen estar presentes en la punta final del proceso. Suponer lo contrario significa suprimir todo valor al acto de calificación, reduciéndolo a un
mero trámite frente al cual carece de sentido adoptar una posición crítica.
El comportamiento de los tres partidos
principales en el colegio no constituyó sorpresa, aunque fuera diverso (en el caso del
El diputado
Antonio Lozano,
líder del grupo
parlamentario
de Acción Nacional, leyó el voto
particular de su partido, que
resolvió con la abstención el
dilema de no condenar un procesoen que aprecia avances y no
cohonestar un comportamiento
juzgapo Hegítimo.
PAN y el PRD) de su propio antecedente más
inmediato. Acción Nacional fundó su abstención en una postura de "honestidad intelectual y política", según explicó el líder del
grupo parlamentario, Antonio Lozano, para
no emitir "un voto que descalifique todo el
proceso y sus resultadps", y rehusarse al
mismo tiempo, a darlo "como aval para soslayar injusticias e inequidades que aún prevalecen". El PRD se basó en el alegato panista de hace seis años para formular el suyo propio, que caminó en pos de la anulación
de las elecciones. Escogió el camino de la
analogía con las causales que permiten invalidar comicios en elecciones legislativas,
donde ciertas irregularidades en el veinte
por ciento de las casillas del territorio correspondiente fuerzan a declarar la nulidad.
Aunque su posición no fue siquiera escuchada por la mayoría, el esfuerzo de información en que se fundó no debiera caer en tierra estéril, por más que carezca de eficacia
jurídica. Si el PRD encuentra con documentos y razonamientos fehacientes, que provoquen convicción, que se vulneró el voto público en los sesenta distritos que adujo en su
alegato, no sólo pondrá en jaque la legalidad
de la investidura presidencial sino que, al
poner en claro las irregularidades y trapacerías que hallare (adicionales a las que ya
presentó en los procedimientos relativos a
los comicios parlamentarios), evitará su repetición en procesos posteriores.
El PRI, en fin. consiguió sin más dificultad que el ejercicio de una prolongada paciencia, arribar al fin que esperaba. Pudo
conseguirlo de otro modo. Si esta acción inicial anuncia el comportamiento legislativo
próximo, nos perturbará un Congreso cerrado, y ese daño se agregará a los no pocos
factor es de riesgo que asoman en el inmediato horizonte político.
•••
CAJÓN DE SASTRE
A unque el asunto compete por diversas ra.t-\..zones legales y políticas ala Secretaría de
Gobernación, fueron la Comisión de Competencia Económica y el propio presidente de la
República quienes abordaron en público el
conflicto planteado al diario Reforma por la
Unión de Voceadores. Es de especial importancia el pronunciamiento presidencial, no
porque caigamos en la tentación de anhelar
la voz del Hombre Fuerte, a cuyos designios
todo lo jugamos. Pero si se repasa el vfuculo
político que une al Ejecutivo (a todo titular de
ese cargo, no sólo a su actual responsable)
con los dirigentes de la Unión, las palabras
del Presidente deben tener, así sean dichas
al final de su mandato, una clara consecuencia en la conducta de dichos líderes. No es que
sean súbditos suyos, pero le manifiestan ordinariamente tan ferviente adhesión, que
constituiría deslealtad desoú· el reconocimiento presidencial a la libertad de distribución periodística en general, y en particular
al mecanismo de venta que nuestro diario
anuncia y pone en práctica.
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