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Extensión
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10 fojas
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Resumen
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La promesa de dos caminos hacia un México nuevo o en trance de reconstrucción ; y la amenaza de un tercero si los anteriores se obturan, están delante de nosotros, con una inminencia que conmueve y perturba. El 21 de agosto se efectuarán las elecciones para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no será una jornada electoral rutinaria y mecánica, sino que puede marcar el comienzo de una nueva manera de relación política entre los ciudadanos, y de éstos con el poder. Dos semanas antes, entre el 6 y el 9 de este mes, se concretará una magna iniciativa de movilización social, a través de la Convención Nacional Democrática. Se trata de una ruta paralela a la electoral, destinada por sus convocantes a ir más allá de los encuadramientos formales de los partidos, sin estorbarlos, aunque no sin someterlos a cuestionamientos..
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Tipo
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Borrador
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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Plaza pública
para la edición del 7 de agosto de 1994
Dos promesas, una amenaza
Miguel Ángel Granados Chapa
La promesa de dos caminos hacia un México nuevo
o en trance de reconstrucción; y la amenaza de un tercero
si los anteriores se obturan, están delante de nosotros,
con una inminencia que conmueve y perturba. El 21 de
agosto se efectuarán las elecciones para renovar los
poderes Ejecutivo y Legislativo, pero no será una
jornada electoral rutinaria y mecánica, sino que puede
marcar el comienzo de una nueva manera de relación
política entre los ciudadanos, y de éstos con el poder.
Dos semanas antes, entre el 6 y el 9 de este mes, se
concretará una magna iniciativa de movilización social, a
través de la Convención Nacional Democrática. Se trata
de una ruta paralela a la electoral, destinada por sus
convocantes a ir más allá de los encuadramientos
formales de los partidos, sin estorbarlos, aunque no sin
someterlos a cuestionamientos.
Esas son las promesas. La amenaza es la guerra civil,
o su estado precedente, la descomposición surgida de la
ingobemabilidad.
Quizá hablar de este último extremo suene a
exageración, a amarillismo, a gana de que la profesía se
cumpla a sí misma. Pero, a juzgar por las indicaciones,
se trata de una posibilidad real, y no remota, a cuyo
examen no podemos negamos.
-2Las elecciones pueden ser el mejor modo de resolver
los problemas de la organización política mexicana. Pero
no es seguro que lo sean. En ese terreno transitamos
entre ambigüedades como creo que es conveniente
llamarlas si las concebimos como fruto de indecisiones
políticas fundamentales, para no caer en el pesimismo de
suponerlas simples engaños y simulaciones.
Poco después del seis de julio de 1988, el ahora
Presidente Salinas formuló un anuncio semejante al de
Díaz cuando estimó que México estaba maduro para la
democracia. Dijo que había concluido la etapa del
partido casi único. Generó desde entonces una
expectativa enorme, de que se conduciría con arreglo a
esa convicción. Es decir, que promovería la transición a
un régimen de verdadera competencia de partidos. N o lo
hizo. Hoy nos hemos aproximado a ella, pero no como
resultado de una clara decisión estatal, sino por la fuerza
expansiva de necesidades sociales en busca de salida.
Tres reformas a la legislación electoral, en ·1990, 93
y 94 han modificado con amplitud los mecanismos
electorales. No es justo desestimar su importancia, pero
tampoco es lícito magnificarlas. Consideradas en sí
mismas, sin entrar todavía en el examen de su aplicación
(que plantea otro género de problemas), han producido
una legislación complicada, con no
escasas
contradicciones y fuentes de confusión. Piénsese, a guisa
de ejemplo, en la ciudadanización del principal órgano
electoral, que es un caso claro de la timidez con que
procedió el legislador, o de la insuficiencia de las
negociaciones entre las principales fuerzas políticas. Los
-3partidos perdieron el voto en los consejos general,
locales y distritales, y presuntamente el peso de las
decisiones recáe ahora en los consejeros ciudadanos, seis
en cada uno de esos niveles. Pero en el consejo general,
el gobierno se reservó el verdadero poder. Aunque dicho
cuerpo se compone de veinte miembros (nueve
representantes de otros tantos partidos, dotados de voz;
y once consejeros con voto), pueden estar reunidos 19 de
ellos y no hay quorum si no está presente el presidente,
que es el secretario de Gobernación, representante del
Poder Ejecutivo. Pueden estar presentes diez de los once
consejeros, y como si nada, si no está el hombrequorum, si no se reúne la mayoría de uno. Los seis
consejeros ciudadanos, que si votan unidos tienen en sus
manos las decisiones, no pueden, sin embargo, pedir al
presidente que convoque a sesiones extraordinarias
(facultad que tuvieron y perdieron los partidos), y ni
siquiera están en aptitud legal de contribuir a que se
integre la agenda de cada sesión. Otra cosa es que,
actualmente, la voluntad política del presidente del
consejo lo haga desistir de sus poderes exclusivos. Lo
que afirmo es que la ley no completó la ciudadanización.
La evidencia de tales ambigüedades es todavía
mayor si se coteja la legalidad con su práctica. Se ha
legislado sobre el financiamiento de los partidos y los
topes en el gasto de campañas electorales. Es uno de los
requisitos mínimos de la equidad partidaria. Pero la
formalidad jurídica cede ante una realidad reacia al
cambio. En primer lugar, se estableció un tope alto,
actitud permisiva que en los hechos significa un cobijo
-1legal para el partido más rico, que es el partido
gubernamental. Ciento treinta y cinco millones de
nuevos pesos, más de cuarenta millones de dólares, que
es la cuota máxima que puede gastarse en una
candidatura presidencial, es una cantidad inimaginable
para partidos como, por ejemplo, el Demócrata
Mexicano, que a su precario financiamiento público
apenas agrega el de sus empobrecidos militantes. En
cambio, eso permite al PRI manga ancha en sus egresos.
Aunque fuera plenamente verdadero que se han
clausurado los canales por donde subrepticiamente fluía
dinero gubernamental hacia el partido oficial, están en
plena vigencia condiciones sociales que le significan
ventaja. A la inversa del círculo vicioso de la pobreza,
expresado por Ragnar Nurkse diciendo que un país es
pobre porque es pobre, en beneficio del PRI funciona
un círculo virtuoso por cuyo efecto un partido tiene el
poder porque tiene el poder. Por ejemplo, ni siquiera
Acción Nacional tiene tanto apoyo empresarial como el
PRI. Aunque el estereotipo hizo del PAN un "partido de
banqueros" y una encuesta reciente de la revista
Expansión muestra que los hombres de negocios se
inclinan por la candidatura de Diego F ernández de
Cevallos, lo cierto es que el principal destino del dinero
invertido por los empresarios en la política va al PRI, en
compensación por una política que les favorece y para
asegurarse que así continue siendo.
Al dato ofrecido por el secretario de finanzas priísta,
Osear Espinosa Villarreal, de que los empresarios han
aportado a las campañas de ese partido hasta 67 millones
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de nuevos pesos, se puede agregar, como telón de fondo
que permite personificar a esos financieros, que el
presidente de las células empresariales del PRI lo es
también de la principal empresa constructora del país,
ICA, el ingeniero Gilberto Borja, y que encabezan los
comités de financiamiento de los candidatos a senadores
del PRI en el DF, los dirigentes privados Juan Sánchez
Navarro y Antonio Madero, miembros sobresalientes del
poderoso Consejo Mexicano de Hombres de Negocios.
Nadie, por supuesto, regateará a tales personajes ni su
calidad propia ni su derecho a apoyar a quien prefieran.
Sólo que su actuación pública no es irrelevante como
puede serlo la de un ciudadano común.
Añádase a la información que ejemplifica este factor
contrario a la equidad en la competencia partidaria, que
acaso las habilidades de Espinosa Villarreal para atraer
contribuciones empresariales derivan de que previamente
a su nombramiento como tesorero priísta haya sido
director general de Nacional Financiera, un privilegiado
lugar de encuentro entre el gobierno y el sector privado.
En el otro extremo de las relaciones de producción
hallamos también señales de la inequidad que favorece al
partido gubernamental. Tal vez se quede sólo en la
anécdota, pero no se negará la espectacularidad del gesto
con que Hebraicaz V ázquez denunció el apoyo ilegítimo
que el sindicato petrolero presta al PRI. Al exhibir
treinta mil nuevos pesos, monto del soborno con que
dijo se pretende acallarlo, el líder petrolero disidente
hizo recordar que las columnas corporativas en que se ha
fincado el poder priista siguen firmes, a pesar de un
-6cierto descascaramiento. Nada impide a los miembros de
una agrupación laboral adherirse y apoyar al partido que
escojan, pero el viejo vínculo orgánico entre el
movimiento obrero (por venido a menos que lo
juzguemos) y el partido gubernamental, es una de las
realidades que le dan vigor, en condiciones inaccesibles
para el resto de los partidos.
Aunque nos hemos extendido ya demasiado en
ejemplificar algunos obstáculos a la competencia
partidaria, no es una deformación el que consagremos
atención especial a la promesa electoral por encima de la
expectativa de movilización social representada por la
Convención Nacional Democrática y por encima de la
amenaza bélica. Con todo y sus defectos, ambigüedades,
insuficiencias y hasta trampas, no hay camino más viable
hacia el cambio que el de las elecciones. Cuenta entre
sus ventajas el hecho de que la participacion en ellas está
abierta a todos, mientras que el camino de la Convención
es al menos en su primera etapa limitado y puede ser
excluyente.
En efecto, salvo el caso de algunos invitados, la
Convención será un redundante ejercicio para convencer
a los convencidos. No busco disminuir la importancia de
esta iniciativa, pero ella no alcanzó, hasta donde puede
saberse, la amplitud que le hubiera dado un carácter
realmente nacional. La suma de agrupaciones civiles y
sociales, renuentes a ser encajonadas en el trabajo de los
partidos, sin embargo, puede abrir una nueva senda para
la acción de una parte de la sociedad. Las convicciones
en tomo de una nueva Constitución, y del congreso que
-rla preparara, pueden no ser propias sólo de los
convencionistas y ser halladas en otros espacios de la
vida pública, pero convertirlas en realidad implica para
los convencionistas la necesidad de pasar por el trámite
electoral. Dicho de otro modo, aun la movilización
social propuesta por el zapatismo requiere de una
canalización por la vía de las elecciones, expresada en
compromisos de los candidatos presidenciales que
concedan valor a esa iniciativa. Si no se procesa de esa
manera, o si no se convierte en un factor de presión
sobre el gobierno que resulte de las elecciones, la
movilización así descrita quedará encerrada en un
dilema. O se vuelve un evanescente enjambre de grupos
sin proyecto, o se refuerza la tendencia hacia las
acciones armadas.
La amenaza de que éstas prosperen, militar y
políticamente después de las elecciones, no es
desdeñable. Aunque en su segunda declaración de la
Selva Lacandona, el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional ofreció una última oportunidad a la vía
electoral y abrió camino a la de la movilización popular,
también expresó un ultimátum. El subcomandante
Marcos, en ocasiones posteriores, ha insistido en que la
condición de la paz consiste en que la elección sea
limpia. Y suponemos que no está pensando en los
criterios legales para calificarla de esa manera, sino en
los que el zapatismo quiera desplegar. Y que no es una
mera bravata lo muestran varios indicadores. En primer
lugar, está el hecho de su propia supervivencia.
Declararon una guerra y no sólo no quedaron proscritos,
-3sino que hacen gala de su capacidad de convocatoria.
Por otro lado, y aun cuando en los círculos gobernantes
persista la actitud de negarlos, se acumulan señales de
que han proliferado grupos armados. A algunos se les
llama gavilleros ante la imposibilidad de ocultar sus
desplazamientos y acciones. Pero allí están. Y si bien no
hay noticia de un mando único, ni siquiera de orden
simbólico, lo cierto es que la dispersión de acciones no
impediría la creación de un estado de guerra, a cuyo
desarrollo no necesariamente permanecerían ajenos
quienes compartieran la frustración de un proceso
electoral que no ofrezca los rendimientos civilizatorios
que pese a todo puede dar.
Sin admitir quedar en rehenes de un grupo armado
que se erige en vigilante de la limpieza electoral, lo
cierto es que debemos empeñamos en ella. Se han
ensanchado los márgenes para la actuación ciudadana, y
si bien costará trabajo recorrerlos a plenitud, su sola
incorporación al proceso electoral puede fructiticar.
Pensemos por ejemplo en la observación electoral. No es
inteligente atribuirle poderes mágicos, como si de la
fijación de un ojo vigilante sobre los trámites electorales
pudiera desprenderse mecánicamente su depuración. Al
contrario, no será extraño que esta primera aparición de
los observadores dotados de estatuto jurídico en
elecciones federales, sea en algunos sentidos
contraproducente porque signifique nuevos motivos de
fricción electoral. Pero el solo arrojar luz sobre zonas
sustraídas a la inquisición pública permitirá identificar, y
hasta evitará, trastupijes, inerciales o con nuevo impulso,
aislados o institucionales, arcaicos o modernizados. Y
puesto que no se trata sólo de mirar con escrúpulo lo que
acontezca durante la jornada electoral, la observación
dirigida al funcionamiento de los órganos electorales
antes y después del 21 de agosto puede mejorar el
proceso e inducir un desenlace en que prive la serenidad.
A medio camino entre la tersura de un resultado
admitido por todos y la guerra civil puede generarse una
situación
de
ingobemabilidad no
armada y
eventualmente ni siquiera violenta que desquicie la vida
social. Debemos conjurarla con tanta fuerza como
exorcizamos el enfrentamiento bélico. Ayudará en esa
tentativa forjamos la convicción, no nacida de un
conformismo corriente sino de un examen cuidadoso de
la realidad, de que cualquiera que sea el partido que
triunfe en las elecciones presidenciales, el titular del
Ejecutivo no dispondrá de los poderes excesivos que
han deformado y adulterado esa institución básica de la
República.
Ni siquiera será preciso, para llegar a esa meta,
reformar la ley y menos aun redactar la nueva
Constitución que muchos suponemos necesaria. Más
todavía: para que en ese ámbito se produjera la
transición no se requiere que las cámaras tengan una
mayoría perteneciente a partidos diversos del que gane
los comicios presidenciales. Sólo una obnubilación de
carácter clínico impediría a quien asuma la Presidencia
de la República compartir el diagnóstico que hoy corre
por la nación, conforme al cual es preciso volver a la
noción elemental de la vida democrática: los gobernantes
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1
- ~o '-,
no son más que ciudadanos dotados temporalmente de
autoridad, para ponerla al servicio de los intereses
sociales.
o
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Materia
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Salinas.
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Ragnar Nurkse.
-
Gilberto Borja.
-
Juan Sánchez Navarro.
-
Antonio Madero
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Persona o institución mencionada
-
Dos promesas, una amenaza
