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Extensión
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2 fojas
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Resumen
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La Confederación Patronal de la República Mexicana realizó, durante toda la semana pasada, un seminario para dilucidar cuál debe ser el papel del Estado y el de los empresarios en el desarrollo socioeconómico pues, como dijo uno de los organizadores, ´aún se advierten dificultades para definirlo´..
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Cumplidas la mayor parte de las exigencias planteadas por un grupo armado -que declara proceder por motivaciones políticas y hace demandas de ese género- para devolver a un rector de universidad, ex alcalde y empresario acaudalado, carece de sentido discutir si el Estado hizo bien al ceder a la coacción de que fue objeto, o si debió negarse a la negociación. Ya antes, las autoridades mexicanas habían mostrado cuál es su actitud ante presiones de esta naturaleza..
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Tipo
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Publicación
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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E~
e EL S 1 o R 7·A Marte$ 23 de Noviembre, t9n
Economía Mixta
El Estado no es Arbitro
POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
A Confederación Patronal de la República Mexicana realizó, durante toda la semana pasada, un
seminario para dilucidar cuál debe ser el papel
del Estado y el de los empresarios en el desarrollo
socioeconómico pues, como dijo uno de los organizadores, "aún se advierten dificultades para definirlo".
No nos parece que haya tal dificultad. Al Estado
corresponden, histórica y legalmente, obligaciones bien
claras. En la hora presente, en un país como estt>·
tiene que asumir el papel de protagonista del d~sa:r-rr::
llo social, que implica el crecimiento económico, pero
al que no debe supeditarse.
Sin mengua de sus derechos como ciudadanos, los
miembros de la iniciativa privada han de comprender
que forman un sector subordinado al interés social y
que, en términos de solidaridad humana, compete a
ellos un mayor número de deberes que a los mexicanos desprovistos de todo. Deben entender, también,
que la prosperidad de sus negocios procede, en mucho,
de la distorsión en los objetivos de un movimiento
social que no se hizo para favorecerlos, sino, por lo
contrario, para paliar los efectos que la voracidad de
los ricos había tenido sobre la masa popular.
Por lo demás, el Estado guarda consideraciones
especiales a los negociantes particulares. Para citar
sólo dos ejemplos, entre muchos, se puede recordar
que se prevé una modificación al régimen del "impuesto al lujo", por instancias empresariales; y que la
reforma fiscal cuya legislación pasará pronto al Con•
greso fue dada a conocer y discutida con los empre·
sarios antes que con los legisladores, de quienes se
presume que son representantes del pueblo.
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AL como lo configura la doctrina constitucional
mexicana, el Estado no es un tercero en discor.
dia, no es un árbitro para dirimir las dificultades
entre el sector privado de los negocios, forzosamente
una minoría, y la masa popular. Representante de ésta,
el Estado tiene que ser, al mismo tiempo, juez y parte,
y obligar a los empresarios a que sirvan al interés
popular, mediante instrumentos fiscales, por ejemplo ..
Pero no se trata de reclamar oue el Estado, en
abstracto, cumpla esos deberes. El órgano estatal
para quien se pide ese coto de acción debe basar su
fuerza, derivar su legitimidad. de un apoyo popular
real. Sólo en esa medida se justifica lo que hemos dicho . .
La participación del pueblo en el régimen mexicano es algo discutible. Formalmente, el nartido dominante se cimenta en las más vastas organizaciones
"cciales. Las únicas corporaciones que reúnen masivamente a campesinos, obreros y miembros de la clase
media son efectivamente, la CNC, el Congreso del
Trabajo y' la CNOP. Pero la militancia forzada en
estas centrales las hace virtualmente inoperantes, las
convierte en meras estructuras, que soportan el peso
de la edificación política nacional, pero que están desprovistas de aliento real.
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Si el Estado ha de cumplir de manera cabal sus
deberes hacia el pueblo, en el área del desarrollo; si
se quiere borrar la ficción de una economí1l; ~ixta en ,
que se considera por igual a las empresas publicas y a
hs privadas; si el Estado debe mostrar que no es un
aliado de la clase empresarial, sino su !imitador, es
preciso que él mismo aliente, y los mexicanos protagonicen, una mayor participación popular real en las
grandes decisiones nacionales.
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EX e EL S 1 o R 7-A ' Martes 30 de Noviembre, 1971
Las Reglas del Juego
Prudencia del Estado
POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA
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UMPLIDAS la mayor parte de las exigencias
planteadas por un grupo armado -que declara
proceder por motivaciones políticas y hace de·
mandas de ese género- para devolver a un rector de
universidad, ex alcalde y empresario acaudalado, ca·
rece de sentido discutir si el Estado hizo bien al ceder
a la coacción de que fue objeto, o si debió negarse a la
negociación. Ya antes, las autoridades mexicanas ha·
bían mostrado cuál es su actitud ante presiones de
esta naturaleza.
Importa reflexionar sobre las tareas que, a este
propósito, enfrenta ahora el Estado. Por una parte, la
autoridad debe hacer cumplir el derecho vigente. Debe,
en consecuencia hallar y castigar a los responsables
del secuestro, agravado, más allá de la privación ilegal
de la libertad, por la obtención de un rescate y por
forzar al gobierno a liberar a varios presos.
Asimismo, tenemos que incluir esta consideración,
acaso irritante, pero real: si bien es cierto que los secuestradores cometen delitos comunes, también hay
evidencia de que se proponen fines políticos. Esto impone una lógica peculiar a su conducta. Dentro de ese
orden de pensamiento, los autodenominados guerrilleros no sienten cometer un delito, sino ejecutar una
acción que estiman útil para la causa revolucionaria.
Es claro que para el derecho son más relevantes sus
conductas objetivas, que sus motivaciones, pero éstas
cuent;m también.
En el enfrentamiento entre tales grupos y el Estado. aquéllos establecen las reglas del juego: no só!o
determinan cómo, dónde y cuándo han de ejercer su
actividad; no sólo estipulan los términos de la transacción sino que, en última instancia, pretenden imponer
el tono moral de su conducta.
*
ESPUES del secuestro, en efecto, el grave riesgo
para el Estado es extremar la dureza, el rigor
extrajurídico de sus averiguaciones. Si se conviene en que los grupos armados han obtenido un
"triunfo" al imponer sus condiciones, su victoria mayor sería, por monstruoso que parezca, obligar al gobierno a batirlos con sus propias armas.
El gobierno tiene que rehuir esta tentación. Su
autoridad se sustenta no sólo en la legitimidad jurídica que forr)1almente le confieren los ciudadanos. Tiene
que fundarse, además, en la legitimidad moral que
consiste en emplear sólo medios lícitos éticamente así
se trate de combatir con quienes hcm labrado su propio código moral, según el cual es bueno cuanto contribuya al triunfo de su causa.
Se presenta así, en apariencia, una desventaja para el Estado. Sus adversarios armados pueden emplear
cualquier género de armas. El no. Está limitado por
el derecho, su acción encuentra barreras de orden mo·
ral. No debe, en el caso concreto a que nos referimos,
desatar la represión, paré!- hallar a Jos responsables de
este secuestro o para impedir, con castigos ajenos a la
ley, que conductas así se repitan.
Al referirse a las censuras ponulares contra la
crueldad del Ejército británico en Irlanda del Norte,
un diputado dijo en el Parlamento que "no se puede
combatir a los guerrilleros urbanos con guantes de
seda y no es justo que pidamos a n•:iestros soldados
que así lo hagan". Eso es quizá cierto. Pero más allá
de la eficacia polic:'.1ca existe el hecho de que un go·
bierno civilizado está obligado a serlo siempre, aun -Y
sobre todo- si se le provoca. Si no lo hace. la causa
de la legitimidad formal que defiende dejará de ser
legítima.
D
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Persona o institución mencionada
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Economía Mixta
