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Extensión
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4 fojas
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Resumen
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El Whitewater nortean1ericano ha obligado a comparecer ante los tribunales al propio Presidente de los Estados Unidos y a su señora esposa. Entre nosotros, el gobernador que causó la matanza de Aguas Blancas se dedica tranquilarnente a sus prósperos negocios, a salvo de toda imputación judicial, si bien fue virtualmente destituído y padece la condena moral de un ancho segmento de la opinión pública..
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Tipo
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Escrito
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Clasificación
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UAMC.MAGC.01
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Sububicacion
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Sobre
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Texto completo
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Plaza pública
para la ediciót~ del 28 de junio de 1996
Aguas Blancas
'
Miguel Angel Granados Chapa
El Whitewater nortean1ericano ha obligado a
con1parecer ante los tribunales al propio Presidente de
los Estados Unidos y a su seftora esposa. Entre nosotros,
el gobernador que causó la 1natanza de Aguas Blancas ·se
dedica tranquilarnente a sus prósperos negocios, a salvo
de toda imputación judicial, si bien fue virtualmente
destituído y padece la condena moral de un ancho
segmento de la opinión pública. En el caso ,
estadunidense están en Jvego intereses pecuniarios,
men'os valiosos que las vidas humanas segadas por la
violencia hon1icida en el caso mexicano. Ambos
episodio~ tienen en cotnún el nombre, pero no el
desenlace.
I-Ioy hace un año que 17 personas fueron asesinadas
en un vado, llatnado Aguas 'Blancas, entre las cabeceras
municipales de Coyuca de Benftez y Atoyac de Alvarez,
en la Costa Chica guerrerense. En su infonne sobre
México, Amnistfa Internacional refiere que esos
"campesinos desarn1ados resultaron 111uertos en una
tnatanza perpetrada por agentes de la policía... ;los
agentes detuvieron el camíón en el que viajaban las
víctirnas, y les dispararon n1uy de cerca. Las n1áxin1as
autoridades del estado habían ordenado la operación y
algunas participaron en el ·ataque para impedir, según
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infon11es, que los can1pesinos 1legaran a Atoyac de
Alvarez, localidad donde tenían previsto n1anifestarse
contra la desaparición 4e Gilberto Rotnero
Vázquez ... Diez policías fueron detenidos tras los
homicidios, pero a finales. de año no habían comparecido
ante Jos tribunales varios agentes que. habían tomado
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parte en el ataque".
Ese últitno tra1no de la información fue
latnentablemene cierto durante todos los 1neses de 1995
posteriores al asesinato colectivo, pues a ese año se
refiere el documento. Si bien en agosto la Comisión
Nacional · de Derechos Humanos expidió una
Re~omendación, que fue parcialmente acatad~ con el
nombran1iento de un fiscal especial, éste demoró muchos
meses en entrar en funciones, y cuando lo hizo produjo
el parto de los 1noníes.
Para bien de la justicia, fue conocwt una
videogra.bación donde se aprecia en toda su rtPf\jdad la
operación no sólo homicida sino simuladora por la cual
se pretendía hacer de las víctimas Jos causantes de sq
propia desgracia. La transn1isión de ese ·video a través
del programa dominical de Ri~ardo Rocha en el canal
dos de Televisa, el 25 de febrero, impidió que la parte
1nenos sensible de la sociedad continuara rehuyendo el
abordamiento del probletna. Con excesiva tardanza, por
ejemplo, el Presidente de lq República reconoció al
comenzar marzo, ocho meses después del episodio. la
gravedad del crimen múltiple, y pidió a Ja Supre1na
Corte de Justicia de la Nación su excepcional
intervención en el asunto.
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Después de una investigación en1prendida por los
ministtos Juventino Castro y Castro y I-Iumbetio Román
Palacios, el pleno de la Corte detern1inó que ·"existió
violación grave a las garantías individuales de los
gobernados en los acontecin1ientos del 28 de junio ... y en
los posteriores relacionados con los primeros".
Y, sin el tnínimo parpadeo, sin vaci'lación, los once
n1inistros del mayor tribunal de la República
concluyeron que "de dicha violación resultan
responsables los licenciados Rubén Fjgucroa Alcocer,
gobernador con licencia indef1nida; José Rubén Robles
Catalán, ex secretario general de gobierno; Antonio
Alcocer Salazar, ex procurador general de justicia;
Rodolfo Sototnayor Espino, ex primer subprocurador
justicia; Gustavo Olea Godoy~ ex director de la policía
judicial; H.osendo Armijo de loa Santos, ex subsecretario ,
de protección y tránsito; Adrián Vega Cornejo, ex fiscal
. ~special;· y Esteban Mendoza Ran1os, ex director general
ae
de Gobernación, todos ellos d~tado de Guerrero."
Igualmente, la Corte cons' e vó que esas violaciones
a las garantías individua]es "constituyen a la vez ilícitos
penales" de los que "podría resultar r~sponsabilidad
penal al Gobernador y den1ás funcionarios del estado ·de
Guerrero".
Tal resolución~ polém_ica por su alcance judicial, y
porque se pennitió forn1ular opiniones muy severas
contra vicios de la vida pública 1nexicana, fue demasiado
para Figueroa Alcocer, que dybió solicitar una licencia
tal que equivale a la renuncia. Pero ninguna acción
posterior prosperó. Iniciativas perredistas para incoar
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Materia
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Entre nosotros, el gobernador que causó la matanza de Aguas Blancas se dedica tranquilarnente a sus prósperos negocios, a salvo
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Persona o institución mencionada
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Gilberto Rotnero
